Nuestras familias ya están cansadas, no tenemos qué comer y en el Ayuntamiento de Zinapécuaro nos tienen como limosneros, porque no respetan nuestros derechos laborales, expresa un grupo de 6 ex trabajadores del municipio, despedidos injustificadamente y sobre quienes el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán ordenó su reinstalación en junio pasado, pero el gobierno municipal de Alejandro Correa no ha acatado cabalmente el acuerdo.
De acuerdo con el expediente 563/2012, el problema laboral que se originó hace ya más de 11 años y varias administraciones municipales, se resolvió a favor de los empleados despedidos apenas el 15 de junio de 2023 y un mes después, el 11 de julio, la Actuaria Lic. María del Pilar Barojas, se constituyó en el Ayuntamiento de Zinapécuaro para dar cumplimiento al Acuerdo de Reinstalación de los trabajadores pertenecientes a Parques, Jardines y Servicios Públicos Municipales, lo cual se aceptó “con el mismo sueldo, el mismo cargo y las mismas prestaciones” según el Lic. Omar Piña, auxiliar jurídico del Ayuntamiento.
Sin embargo, en la práctica, los trabajadores jamás fueron reinstalados ni dados de alta en la nómina del municipio, por lo cual piden ayuda a las autoridades competentes, e incluso al mismo gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Además de escuchar a los quejosos, Encuentro de Michoacán, buscó la versión del alcalde Alejandro Correa, pero no estaba presente en la sede del Ayuntamiento de Zinapécuaro ni respondió a la comunicación del medio para conocer su parte.
Mario Jesús López, de 34 años de edad, trabajó en Parques y Jardines, y fue despedido por el entonces alcalde Dagoberto Mejía: “Ganamos la demanda laboral, aquí tenemos las pruebas (documentos), donde Conciliación y Arbitraje les ordena nuestra reinstalación, pero no se ha hecho efectiva, porque el Oficial Mayor dice que el presidente no nos quiere aceptar”, explica.
“Pedimos que las autoridades correspondientes nos apoyen, porque nos tienen como limoneros en la Presidencia Municipal, sin sueldo, y nuestras familias ya están cansadas, no tenemos qué comer”, se lamenta y añade que “nunca ha querido tener una reunión con nosotros el alcalde Alejandro Correa”.
“A Conciliación y Arbitraje le pedimos que venga y revise que no están haciendo efectivo su Acuerdo de Reinstalación, que no lo están respetando”.
Julián Rubio Rubio, de 66 años de edad, en su desesperación, pidió la intervención del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, para solucionar su problema. “Le pido al gobernador Bedolla que nos ayude, porque el fallo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje salió a nuestro favor, pero el presidente Alejandro Correa y su gente no nos reinstala”.
“Estoy trabajando en la tenencia de San Miguel Taimeo, pero sin sueldo, porque no nos pagan, no me han pagado desde que nos reinstalaron en julio”.
María del Carmen Martínez, es originaria de San Nicolás Simirao, de 60 años de edad, y quien a estas alturas ya es una persona con discapacidad que se traslada en silla de ruedas, también exige se cumpla el mandato. “No hemos tenido ninguna respuesta del señor presidente, estoy incapacitada, pero pido la ayuda de las autoridades para que me paguen lo que me corresponde”.
“Queremos que el presidente municipal nos escuche y que no se esconda, nos tienen como limosneros y nos humillan todos, pero Correa no da la cara por el trabajador; somos pobres y Alejandro sabe bien quién somos, compañeros de trabajo desde hace muchos años, por qué hoy nos estás olvidando a mis compañeros y a mí”, agregó la señora Carmen, al borde de las lágrimas.
“Pido al señor gobernador Alfredo Ramírez que nos ayude, porque se supone que ya estamos reinstalados desde hace dos meses, pero no nos resuelven nada, no nos pagan y ya no hallamos qué hacer, porque somos de bajos recursos”.
José María Jurado, un adulto mayor de 68 años de edad, sufre, además de la falta de ingresos para llevar a su hogar, con la enfermedad de hipertensión que padece su esposa, quien dice, requiere atención y medicamentos:
“Le pido al Gobierno, a las autoridades que corresponda, que nos respeten nuestros derechos y nos den lo que nos pertenece; nos tienen como limosneros y yo tengo a mi mujer enferma”, señaló el trabajador originario de El Zapote Bajo, quien laboró desde el primer año de Jesús Garrido.
Por su parte, la Lic. Rocío Oviedo, consultada por los trabajadores para saber qué están haciendo mal o por qué nadie les resuelve su situación, explicó que se está violentado la ley y cayendo en desacato ante un mandato del tribunal.
“Es injusto –añadió-, que el presidente Alejandro Correa, partícipe de la 4T que sostiene que primero los pobres, no les haga caso y los tenga de limosneros, además de que está violando sus derechos y una de sus garantías individuales, como es el salario de los trabajadores”.
“La reinstalación ya viene de parte de un juez, viene de una autoridad judicial, por lo cual se debe respetar y cumplir”, explica.
