La senadora Nestora Salgado García y el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, presentaron una iniciativa ante el Pleno del Senado, para expedir la Ley General para Prevenir y Atender el Desplazamiento Forzado Interno.
Ambos senadores estimaron que en México alrededor de 310 mil 527 personas desplazadas -entre niñas, niños, mujeres, ancianos e indígenas- se encuentran en extrema vulnerabilidad.
Principalmente, apuntaron, como consecuencia de la violencia generalizada, violaciones a los derechos humanos, ataques armados o enfrentamientos entre grupos delincuenciales.
De enero a diciembre de 2018, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) registró un total de 25 episodios de desplazamiento forzado interno masivo.
Con ello, 11 mil 491 personas resultaron afectadas y ocurrieron en cinco estados, 20 municipios y 52 localidades.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que el desplazamiento forzado interno no ha sido documentado y analizado de forma integral por el Estado.
Michoacán, entre las entidades que presentan desplazamiento forzado interno
Michoacán es una de las entidades que ha registrado episodios de desplazamiento masivo en los años recientes.
En abril de 2019, el Estado mexicano reconoció oficialmente la presencia del fenómeno en su territorio.
Sin embargo, aún no se han implementado leyes, programas o políticas públicas para atender, proteger y garantizar a las víctimas, ni para prevenir nuevos casos.
Monreal y Salgado señalan que actualmente nuestro país carece de un diagnóstico oficial sobre la situación de las personas objeto de desplazamiento forzado interno.
En este contexto, la iniciativa considera los derechos y medidas de prevención, protección y asistencia en todas las fases que comprenden el ciclo del desplazamiento; la creación de un registro único de víctimas; la conformación de un Sistema Nacional para la Prevención y Atención Integral.
La propuesta establece una investigación pronta y exhaustiva que permita la identificación y enjuiciamiento de las personas responsables de los hechos que generaron el desplazamiento forzado interno.
Asimismo, establece el derecho a no ser privados arbitrariamente de sus propiedades y posesiones y a que las autoridades realicen las acciones necesarias para protegerlas.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda.
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