La disputa jurídica al interior de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) llegó este jueves al Congreso del Estado, donde Sergio Carmelo Domínguez, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y Carolina Fernández Oropesa, consejera universitaria electa del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales (ININEE), presentaron una solicitud de juicio político contra la rectora Yarabí Ávila González.
Durante la Tribuna Ciudadana, los promoventes precisaron que el planteamiento tiene como punto central el presunto incumplimiento de suspensiones dictadas por juzgados federales, además de señalar una serie de posibles violaciones a la normativa universitaria.
Domínguez explicó que el Juzgado Séptimo de Distrito habría determinado un incumplimiento de las suspensiones provisional y definitiva relacionadas con su separación de la Dirección de la Facultad de Derecho, ordenando su reinstalación. Afirmó que, pese a esas determinaciones, han continuado procedimientos en su contra ante instancias universitarias.
“En realidad se trata de lo ya declarado por el juez Séptimo de Distrito, es por incumplimiento a las suspensiones que ya decretaron los juzgados de Distrito”, sostuvo al ser cuestionado sobre el fundamento específico de la solicitud.
El director de Derecho señaló que fue separado del cargo por el Consejo Universitario el pasado 16 de junio y argumentó que inicialmente no conoció formalmente los hechos que se le atribuían, situación que, desde su perspectiva, vulneró su derecho de audiencia y defensa.
Durante la presentación, Domínguez y Fernández insistieron en que no están solicitando al Congreso declarar culpable a la rectora, sino investigar los hechos, revisar las pruebas y determinar si existen elementos para establecer una responsabilidad política.
“Mi respeto para ella como persona, como rectora de la Universidad; sin embargo, solamente hacemos declarar hechos que consideramos que pudieran resultar en una responsabilidad política y será el Congreso del Estado quien, siguiendo los cauces, determine si es así o no”, manifestó Sergio Carmelo Domínguez.
Carolina Fernández, por su parte, vinculó el conflicto con las dificultades que ha enfrentado para ejercer la representación obtenida mediante elección en el ININEE ante el Consejo Universitario. Señaló que el asunto trascendió la vida interna de la Universidad una vez que recurrieron a la justicia federal y se emitieron determinaciones judiciales.
Los promoventes rechazaron además que el procedimiento constituya un ataque contra Ávila González por su condición de mujer. Domínguez aseguró que las diferencias se han llevado por las vías legales y que corresponderá al Legislativo garantizar también el derecho de audiencia y defensa de la rectora.
