Con regular frecuencia me suelen invitar a dar charlas o conferencias sobre la expansión ilegal de las plantaciones aguacateras y sus efectos adversos para el medio ambiente. En ellas es imposible dejar fuera el dato catastrófico de la pérdida brutal de bosques en los últimos 25 o 30 años.
Cuando explico a mis oyentes que de acuerdo con datos oficiales desde 1990 no existe una sola autorización para realizar el cambio de uso de suelo de los bosques en Michoacán me hacen notar su perplejidad con preguntas, ¿por qué entonces lo están y siguen haciendo? ¿por qué se ha tolerado que hayamos perdido casi la mitad de los bosques en apenas un cuarto de siglo? ¿cuáles han sido las consecuencias legales que han enfrentado quienes lo hacen y cuales las acciones remediales que han tenido que realizar?
Como el fenómeno hasta ahora ha sido incontenible, la respuesta —adivinada por los escuchas—, es de una obviedad franca: porque en los hechos existe un sector productivo que ha evolucionado al margen de la ley y de las regulaciones, con un poder tal, que se han convertido en fuerza fáctica intocable. Un sector productivo constituido por capitales ávidos de rentabilidad provenientes de otras áreas empresariales y con una amplia presencia de políticos empresarios, y también integrado por lavadores de dinero de origen criminal.
La poderosa alianza que se ha tejido en esa zona oscura ha alcanzado dimensiones tales que ha rebasado al Estado de derecho y a sus instituciones para hacer con los bosques michoacanos lo que les da su regalada gana. Es una zona oscura en donde el marco jurídico ambiental no tiene aplicación y los circuitos de la corrupción son la autopista por la que transitan los intereses monetarios de la expansión aguacatera ilegal a costa de la depredación forestal.
La denominación de “intocables”, como lo podrá advertir el lector, no es exagerada. En un cuarto de siglo no sólo han mantenido su ritmo destructor, sino que lo han incrementado sin que el Estado mexicano haya podido o querido pararlos, eso indica que son intocables, que son un sector que está por encima de la ley y de las instituciones.
Pero, además, no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Si se aprueban leyes como la de intervención en huertas ilegales y la obligatoriedad para recuperar el bosque, mueven todo su poder para victimizarse y anular de facto los ordenamientos; si se prohíben los cañones antigranizo le dan la vuelta y diseñan cohetones para hacer lo mismo y peor; si se denuncia la proliferación de hoyas captadoras de agua, arrecían los ritmos de construcción sin que ninguna autoridad haga nada para frenarlos y hacer valer el derecho humano de los pobladores afectados.
Los intocables son imparables y también ahora un peligro para el patrimonio histórico. La cauda de daños que deja tras de sí la expansión ilegal y también la legal, reporta un nuevo fenómeno, la destrucción de zonas arqueológicas, sobre todo a la hora de excavar el suelo para construir hoyas captadoras de agua.
Así lo denuncia el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Marco Antonio Rodríguez, quien señala que más de 6 mil sitios podrían ser vulnerables en el proceso de cambio de uso de suelo y construcción de infraestructura hidroagrícola, pues “destruyen vestigios arqueológicos y los utilizan para construir caminos … parte de un modelo mercantil de devastación”. Este evento, consecuencia de la fiebre aguacatera, ya ha sido detectado por pobladores en distintos municipios, además, de los señalados por el director del INAH (Acuitzio, Zacapu y Cuanajo).
Aparte de que son intocables llevan una ventaja en lo concerniente a las hoyas captadoras de agua: no están reguladas. Es decir, harán lo que les dé la gana porque lo que no está prohibido está permitido y ellos no se manejan con el imperativo categórico de lo que es mejor para la sociedad y la naturaleza. Si hasta ahora no existe un registro del número de hoyas existentes como tampoco existe el de hectáreas de huertas ilegales, cómo imaginar que pueda haber un registro preciso de zonas arqueológicas destruidas por la expansión aguacatera y de frutillas.
Así como han destruido la casi mitad de los bosques michoacanos en 30 años no dudemos de que tendrán la capacidad y tino mercantil de destruir y saquear los sitios de vestigios históricos que accidentalmente pongan al descubierto. Al negocio del aguacate y de las frutillas agregarán el negocio del saqueo y venta de objetos arqueológicos… en nombre del progreso.
La existencia de los intocables, templados en la desaparición de la mitad de nuestros bosques, en la proliferación de una constelación de hoyas irregulares, en la pérdida rampante de biodiversidad, y ahora en el arrasamiento de zonas arqueológicas por la expansión, habrá que enfatizarlo, es la evidencia abrumadora del fracaso de las políticas ambientales en los últimos 30 años.
¿Qué se hará al respecto? La pregunta queda para los gobiernos en turno.
