En razón de que en octubre del 2021 ya debe operar el nuevo sistema de justicia laboral en Michoacán, especialistas en derecho coincidieron con el diputado Alfredo Ramírez Bedolla en que se deben agilizar las reformas para armonizar leyes locales con la legislación federal, y evitar que el estado se resague de esta transformación en favor de los trabajadores.
A propósito de la reforma que promueve en el Congreso del Estado, el diputado Alfredo Ramírez realizó el foro virtual Implementación en Michoacán de la nueva justicia laboral, con la participación de Hill Arturo del Río Ramírez, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado; Sergio Carmelo Domínguez Mota, delegado de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y Previsión Social; Andrés Medina Guzmán, docente e Investigador, y Alfredo Flores, diputado suplente, como moderador.
El diputado de Morena refirió que el nuevo sistema de justicia laboral plantea la creación de Centros de Conciliación autónomos, y de tribunales laborales del Poder Judicial; introduce el principio de paridad de género en la integración de órganos directivos de sindicatos, y el voto secreto en la elección de líderes sindicales, entre otras disposiciones.
Hill Arturo del Río subrayó que en la última década creció en un 500 por ciento el número de expedientes en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, debido a que hubo cambios en las formas de contratación y despidos, así como en el modelo económico del país, pero éstas instituciones no se fortalecieron presupuestalmente, por lo que litigios que debían resolverse en 65 días hábiles, se prolongan hasta seis años.
Sergio Domínguez Mota advirtió que aunque las Juntas Locales desaparecerán no se les puede dejar en el abandono; se les debe dar suficiencia presupuestal y fortaleza institucional para evitar que hereden rezago en la resolución de conflictos laborales, y garantizar que también se haga justicia en los litigios que ya están en trámite, subrayó.
El especialista añadió que en diez estados de la República comenzará a operar el nuevo sistema de justicia laboral en noviembre próximo, mientras que Michoacán se incorporará en una segunda fase que concluiría en octubre del año 2021.
El investigador Andrés Medina señaló que en Michoacán se debe armonizar el andamiaje legislativo estatal para la implementación del nuevo sistema de justicia laboral, y puntualizó que el Congreso del Estado debe aprobar, entre otras iniciativas, la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral para definir el objeto y atribuciones de esta instancia, si como los principios que deben regir su práctica, y la forma de gobierno que tendrá como organismo autónomo.
Con el propósito de que Michoacán no se resague del nuevo modelo de justicia laboral, Alfredo Ramírez propuso que los especialistas tengan una reunión con la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado para analizar su iniciativa de reforma; comenzar a trabajar en la Comisión de Trabajo y Previsión Social la iniciativa de Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral, y realizar un amplio foro con representantes del Poder Judicial para analizar en práctica de parlamento abierto las iniciativas legislativas.
