Una profunda indignación y una demanda unánime de justicia han unido a los diversos sectores de la sociedad michoacana tras la confirmación del fallecimiento de Anayeli H., Víctor Manuel M. y su hija menor de edad, M.E.M.H.
Las víctimas, quienes se desempeñaban como intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM), habían sido reportadas como desaparecidas desde mediados de enero, activando una búsqueda que culminó con el hallazgo de sus restos en condiciones de extrema violencia.
La familia era ampliamente reconocida por su labor en favor de la inclusión. Prestaban sus servicios en el Congreso del Estado, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y diversas dependencias oficiales, garantizando el acceso a la información para la comunidad sorda de la entidad. Su ausencia ha dejado un vacío no solo en el ámbito profesional, sino en la lucha por los derechos humanos de las personas con discapacidad.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se sumó a la ola de indignación que recorre la entidad tras el hallazgo sin vida de la familia conformada. El mandatario calificó el suceso como un “cobarde y atroz homicidio” y aseguró que este crimen representa un agravio directo no solo a las familias de las víctimas, sino a toda la sociedad michoacana.
A través de un mensaje oficial, Bedolla garantizó que el Gobierno de Michoacán colaborará de manera irrestricta con la Fiscalía General del Estado (FGE) para agilizar las investigaciones. El objetivo primordial, subrayó, es lograr el pleno esclarecimiento de los hechos y asegurar que los responsables enfrenten todo el peso de la ley.
“Garantizamos toda la colaboración para que este crimen no quede impune; es un acto despreciable que nos ha sacudido a todos”, manifestó el titular del Ejecutivo.
Se ha informado que los servicios funerarios se llevarán a cabo este viernes 23 de enero, a partir de las 15:00 horas, en la Funeraria Santa Cruz (sucursal Carrillo), ubicada en la capital michoacana.
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, encabezada por la diputada Fabiola Alanís, emitió un posicionamiento enérgico en el que reprobó los hechos y urgió a la Fiscalía General del Estado (FGE) a esclarecer el caso sin dilaciones. Alanís subrayó que el asesinato de quienes contribuían directamente a la igualdad es “una herida para toda la comunidad” y demandó que no exista impunidad.
La tragedia ha provocado reacciones de excolaboradores y figuras políticas que convivieron de cerca con las víctimas. El ex diputado Víctor Zurita, integrante de la comunidad sorda y con quien los intérpretes trabajaron estrechamente, expresó un dolor profundo por la pérdida de sus amigos, a quienes describió como personas de voluntad inquebrantable para ayudar. “Basta de normalizar la violencia”, sentenció a través de sus canales oficiales.
En el mismo sentido, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, llamó a una revisión profunda de las estrategias de seguridad y a una coordinación más exhaustiva entre los tres niveles de gobierno. “Como michoacanos no podemos seguir permitiendo este tipo de hechos; se requiere un trabajo que verdaderamente alcance la paz que nuestro estado necesita”, puntualizó.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la carpeta de investigación se inició el pasado 17 de enero, tras el reporte de la desaparición de la familia, vista por última vez el 14 de enero en la colonia Ex Hacienda La Huerta, en Morelia. Tras diligencias operativas y científicas, se confirmó el hallazgo de los cuerpos. La institución aseguró que continúa con la integración de los actos ministeriales para determinar las circunstancias precisas del crimen y establecer las responsabilidades penales correspondientes.
Instituciones como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y diversos colectivos de la sociedad civil han manifestado su pésame, coincidiendo en que la memoria de Anayeli, Víctor y su pequeña hija debe honrarse con la verdad y la aplicación estricta de la ley.
