Michoacán, justicia agraria en territorio

La Procuraduría Agraria del Segundo Piso de la 4T cierra con éxito su primer año con un modelo de "cercanía"

La apertura del Centro de Atención Agraria (CDAA) en la comunidad de San Francisco Curungueo, en Zitácuaro, fue marco para la presentación del primer año de gestión de la Representación Estatal de la nueva Procuraduría Agraria, encabezada por Omar Landó Estañol Zavaleta y celebrado en el auditorio municipal, con la presencia del alcalde Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela.

En el informe el funcionario destacó el paso de un modelo de “escritorio” a uno de “territorio”, donde la estrategia central ha sido el despliegue de Centros de Atención Agraria (CDAA) a lo largo de Michoacán, espacios que buscan llevar la justicia y la asesoría legal directamente a las comunidades y ejidos.

De los mil 886 núcleos agrarios que existen en el estado, hasta ahora se han instalado 60 de los 70 CDAA proyectados para ser instalados en municipios estratégicos como Uruapan, Tacámbaro, Ario de Rosales y Zitácuaro.

Estos centros no son oficinas gubernamentales estáticas, sino puntos de encuentro donde se brinda atención semanal y se convocan asambleas regionales mensuales, con una asistencia promedio del 75.6%, para escuchar las necesidades más urgentes y trazar planes de acción.

Esta cercanía con los núcleos agrarios ha permitido resolver problemas históricos de certeza jurídica y desarrollo comunitario como en la comunidad Indígena de San Juan Zitácuaro, donde se logró la regularización de un solar urbano a favor del Ayuntamiento, el cual será destinado para la construcción de un Hospital General. Este logro garantiza un servicio de salud vital para los comuneros y municipios aledaños.

Otro caso de éxito es la comunidad indígena de El Coire, donde la Procuraduría facilitó la suscripción de un acuerdo de civilidad que permitió la elección legítima de sus Órganos de Representación y Vigilancia, apegada estrictamente a la Ley Agraria, poniendo fin a conflictos internos.

Además, en Paracho, través del servicio de Representación Legal, se consiguió la nueva ejecución de la Resolución Presidencial de Reconocimiento de Bienes Comunales para la comunidad indígena, lo que derivó en la inscripción de su carpeta básica completa ante el Registro Agrario Nacional (RAN), brindando seguridad en la tenencia de la tierra.

El compromiso de la nueva Procuraduría se ha traducido en 17 mil 940 asesorías directas y la intervención en 151 conflictos agrarios, priorizando la conciliación por encima del litigio.

Se otorgó representación legal en mil 227 expedientes, de los cuales 826 beneficiaron a mujeres, destacando un impulso decidido a la participación femenina.

Omar Landó detalló que actualmente hay 144 presidentas, 430 secretarias y 518 tesoreras en puestos de representación vigentes en los núcleos agrarios de Michoacán.

Además, el programa de Justicia Itinerante realizado en coordinación con los Tribunales Unitarios Agrarios (TUA) ha atendido a 542 Mujeres Rurales e Indígenas para que obtengan la titularidad de sus derechos agrarios, un paso clave para su empoderamiento.

El trabajo institucional –dijo- también se ha enfocado en el fortalecimiento interno de las comunidades, logrando 478 actualizaciones de Órganos de Representación y Vigilancia y la elaboración o actualización de 104 reglamentos internos.

El Representante Estatal destacó la coordinación con instituciones como SEDATU, RAN, SADER, el INPI y el Gobierno del Estado, pues la “justicia agraria se construye en territorio, con diálogo y coordinación”.

Un esfuerzo significativo se ha concentrado en la atención a las demandas del Plan de Justicia del Pueblo Purépecha, donde el sector agrario coordinado ha perfilado 50 acciones de regularización de derechos agrarios, que incluyen la actualización de padrones, la recuperación de carpetas agrarias y el reconocimiento de la calidad de comuneras para mujeres, beneficiando directamente a 38 comunidades.

Finalmente, el funcionario dio cuenta de la integración de 29 jóvenes en los CDAA a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, quienes se forman como aprendices de organizadores y abogados agrarios para llevar el servicio a sus propias comunidades e impulsar su desarrollo socioeconómico.

El informe concluye con un llamado a los sujetos agrarios a apropiarse de estos espacios: “Estos centros… no son del gobierno, son de ustedes. Úsenlo, exíjanlo, cuídenlo”.