Michoacán, referente nacional en el combate a la extorsión; endurecimiento de ley y operativos, la clave

La reforma al Código Penal de Michoacán, impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y avalada por el Poder Legislativo en marzo de 2023, ha sido fundamental para combatir la extorsión. Esta iniciativa no solo elevó las penas de prisión hasta 25 años, sino que también amplió la tipificación del delito para sancionar nuevas modalidades, como el uso de medios electrónicos para la extorsión, el cobro de “derecho de piso”, y la intervención de servidores públicos que faciliten equipos de comunicación a reclusos.

La ley ahora equipara este delito con el secuestro, reconociendo el impacto severo que tiene sobre la seguridad de las personas y el desarrollo productivo.

Gracias a esta herramienta legal y a una eficaz Estrategia Nacional contra la Extorsión, Michoacán se ha consolidado como un referente a nivel nacional. Esto fue reconocido durante la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien elogió los resultados positivos obtenidos en el estado.

Los datos respaldan este reconocimiento. Con 41 detenciones del 11 de julio a la fecha, Michoacán es uno de los cinco estados con el mayor número de aprehensiones por este delito en todo el país.

El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés, destacó que este éxito se debe a la coordinación interinstitucional a través de las Bases de Operaciones, que se mantienen activas en las 13 regiones del estado. De acuerdo con los acuerdos de la conferencia, se reforzarán los operativos y se incrementará la presencia de autoridades en los municipios con mayor incidencia delictiva.

Este enfoque integral, que combina un marco legal robusto con una acción operativa decidida, es lo que ha permitido al estado avanzar en la construcción de la paz y el orden público, desarticulando redes criminales y protegiendo a la sociedad de un flagelo que, como el propio gobernador ha señalado, atenta contra la seguridad y afecta el desarrollo productivo.