Inconstitucional, acción correctiva gubernamental por Covid-19

Recurrir a acciones coercitivas para obligar a los ciudadanos al confinamiento obligatorio como medida para mitigar los contagios por Covid-19 en Michoacán, “podrían rayar en la inconstitucionalidad”, coincidieron en señalar el expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Víctor Manuel Serrato y el diputado local Fermín Bernabé Bahena, integrante de la Comisión de Justicia de la LXXIV Legislatura.

Ambos personajes, reaccionaron al anuncio del decreto firmado este lunes por el gobernador de la entidad, Silvano Aureoles Conejo en el que establece que se impondrán multas y hasta tareas de servicio comunitario a los ciudadanos que no acaten la medida.

Serrato Lozano, hizo un llamado a los ciudadanos a seguir las medidas sanitarias por voluntad propia para garantizar que “tengamos un sistema de salud fortalecido y con suficiente operatividad para atender a quienes contraigan lamentablemente el Coroinavirus…”.

Pero, aclaró, “eso no quiere decir que cualquier autoridad pueda restringir las libertades, la de tránsito y/o cualquier otro derecho humano reconocido”. Esto, es una facultad del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente del país, con aprobación del Congreso de la Unión. “Solo él puede decretar esta restricción. Ningún alcalde, ni gobernador puede hacerlo” recalcó el jurista.

Consideró que la medida de confinamiento obligatorio provocará que los policías hagan su agosto con los ciudadanos.

Por su parte, el diputado local, Fermín Bernabé Bahena dijo confiar en que la ciudadanía seguirá ajustándose a las medidas sanitarias y subrayó que la medida obligatoria anunciada por el mandatario michoacano “raya en la inconstitucionalidad”. 

Integrante también de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, el legislador se dijo consciente de la magnitud de la emergencia sanitaria a la que está expuesta la ciudadanía, pero consideró innecesario recurrir al uso de la fuerza pública, tal y como se pretende.

Tras asegurar que el Ejecutivo estatal con su decreto “viola el Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, dijo que no se puede actuar a la ligera ante la crisis sanitaria, mucho menos cuando la salud y estabilidad social de Michoacán están en juego, pero tampoco podemos promover acciones que no respeten el marco jurídico constitucional.

Fermín Bernabé consideró que si lo que se pretende es buscar vías de recaudación para la entidad, pidió valorar otro tipo de determinaciones como lo es el plan de austeridad que el gobierno federal aplicó para generar una bolsa presupuestal orientada a atender la contingencia que desencadenó el Covid-19.