La esperanza de crecimiento de la producción aguacatera, para por lo menos los próximos años, será halagüeña y como consecuencia el crecimiento de los huertos ilegales por cambio de uso de suelo también seguirá prosperando.
La alineación astral que lo favorece es elocuente: políticas ambientales blandísimas; crecimiento del mercado estadounidense, europeo y asiático; reticencia interesada de los grupos comunes instituidos por las naciones para hacer valer el derecho ambiental internacional; institucionalización de la impunidad ambiental; participación y protección de la delincuencia organizada; reducción y extinción de los presupuestos de las instituciones ambientales; banalización y ridiculización del discurso científico y ambiental como política de Estado; desaliento y criminalización de la acción ciudadana, con rango de política de Estado de facto; crecimiento del grupo gerencial de políticos y funcionarios públicos que defienden y promueven en los ámbitos gubernamentales los intereses aguacateros; incremento de la participación de políticos en las planillas electorales que son prósperos aguacateros, muchos de ellos ilegales y ecocidas.
Con semejante alianza por supuesto que el crecimiento de las huertas ilegales está garantizado para los próximos años. Para que fuera de otra manera el Estado tendría que estar actuando para desarticular esta red de protección. Sin embargo, el estado mismo forma parte de la pandilla, del problema, con su permisividad y su acerada omisión.
No obstante que el “superpeso” tumbó en el 2023 el 17 % del valor de las exportaciones de aguacate a Estados Unidos —mientras más caro el dólar mayores las ganancias— eso no ha impedido el incremento anual del 6.9 % en las superficies de cultivo, según se reconoce. A pesar de este obstáculo en el mercado aún se sigue percibiendo la bonanza y las facilidades para que los cultivos ilegales sigan en ascenso. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) ha estimado el crecimiento de la producción aguacatera para los próximos dos años en un 9 %, y la propia Sagarpa reconoce en un estudio denominado “Planeación Agrícola Nacional 2017-2030” que el promedio de crecimiento de la producción de este fruto de aquí al 2030 será de 3.49 %.
Podrá razonarse que a simple vista los datos de la Sagarpa de entonces son prometedores, sin embargo, el problema radica en que en Michoacán la mitad de los cultivos aguacateros tuvieron que talar bosques para ser plantados ilegalmente; radica también en que en este proceso Michoacán ha perdido la mitad de todos sus bosques y que este fenómeno es causa directa del estrés hídrico que estamos viviendo. O sea, el futuro del crecimiento aguacatero en Michoacán tendrá que ser, como lo ha sido, a costa de sus bosques y sus aguas.
Que Apeam haya lanzado su campaña “Aguacates para Siempre con una Industria Sostenible” no representa más que un lance propagandístico para limpiar la imagen ecocida de casi la mitad de la producción aguacatera; es una campaña dirigida a los consumidores estadounidenses y al gobierno de aquel país que tiene en sus manos un instrumento legal, que no ha querido usar, pero que podría meter en crisis la producción aguacatera en Michoacán.
La santa alianza para blindar al aguacate ecocida no ha tenido escrúpulos para instalarse en la retórica de la pos-verdad, una estrategia propagandística muy de moda en la actualidad, que consiste en asumir que toda realidad es relativa y que el discurso crea la verdad, que basta con repetir la mentira para mutarla en verdad. ¿¡Qué el aguacate es sostenible!? ¡es una aberración! El cultivo de este fruto ha roto desde hace por lo menos 10 años los equilibrios biológicos de los ecosistemas de montaña de nuestro estado.
El horizonte no es halagador para los derechos ambientales consagrados en el artículo 4° de la Constitución y sus leyes reglamentarias. Es tal la fuerza de los actores que conspiran contra el derecho ambiental para proteger las ganancias millonarias por el cultivo y venta del aguacate ilegal que la verdad de la crisis ambiental ha sido estigmatizada y despreciada; es tal la premeditación, y en el caso de algunos servidores públicos la abierta prevaricación, que a ese modo de operar contra el estado de derecho y la sociedad bien cabe la denominación de la pandilla del ecocidio michoacano. Contra esto tendrá que ir, más temprano que tarde, una política de estado en verdad sustentable y proactiva con el derecho ambiental mexicano.
Mientras tanto la pandilla sigue mandando.
