El sexenio que está por terminar será reconocido por el evidente retroceso en materia medio ambiental. El presupuesto promedio asignado a las instituciones correspondientes siempre estuvo muy por debajo de los promedios del sexenio de Peña Nieto. El desmantelamiento generalizado de estas instituciones y la desaparición de otras como la Conabio representaron un retroceso evidente en sus capacidades operativas que se reflejaron en rezagos reconocibles.
La predominancia del discurso ideologizado por encima de la realidad pura y dura en materia de deforestación, cambio de uso de suelo, de contaminación, de mitigación del cambio climático, de atención y resolución de la crisis hídrica, de combate a los delitos ambientales, deja como herencia un enorme rezago que empuja a los desequilibrios ambientales a niveles preocupantes y fortalece la cultura de la impunidad y de la valoración banal de los ecosistemas en los que vive la sociedad mexicana.
Las evaluaciones que habrán de hacerse en los meses y años que vienen en esta materia habrán de aportar datos objetivos para identificar las áreas más afectadas por las omisiones del sexenio que fenece, pero sobre todo para generar opciones de cambio y sugerir contenidos en materia de política ambiental.
Del nuevo gobierno sexenal se debe esperar una política ambiental más asertiva, más comprometida y nada omisa ante las obligaciones que la constitución y las leyes ambientales establecen.
La continuidad simple y llana de la política ambiental precedente no sería una buena noticia ni mucho menos lo que se espera de frente a los problemas ambientales agravados que se heredan. Sería una fatalidad si se continuara con el debilitamiento y desmantelamiento presupuestal y de programas imprescindibles para la preservación de la naturaleza que aún nos queda.
Un reto elemental para el nuevo gobierno será recuperar el presupuesto para medio ambiente por lo menos a los niveles alcanzados en el año 2014, que fue uno de los años en que más recursos se asignaron a esta materia. Y la importancia de que así se haga radica en que las instituciones necesitan ser debidamente financiadas para que realicen adecuadamente los propósitos para lo que fueron creadas.
La eficacia con la que actúen las instituciones para corresponder a los presupuestos asignados es una cuestión que debe revisarse con regularidad planificada y no el pretexto para desaparecerlas. No se tira nunca el pañal con todo y el niño.
De no recuperarse los presupuestos tampoco se recuperará la capacidad operativa de las instituciones y seguirán caminando con pies de trapo, sin fortaleza, sin la vitalidad para dar un solo paso y sin posibilidades para generar resultados.
Todos deseamos que la continuidad anunciada no sea la de la demolición definitiva de las capacidades operativas de estas instituciones. Nadie desea la ausencia de políticas y acciones para mitigar la crisis hídrica, tampoco la omisión frente a la deforestación y el cambio de uso de suelo, más bien se espera una recuperación vigorosa de la política ambiental con instituciones con pies macizos y veloces.
Si el nuevo gobierno tiene la virtud de la sensibilidad y la perspicacia asumirá que la crisis ambiental no es una valoración meramente subjetiva de quienes señalan las realidades, sino que tiene una existencia objetiva incuestionable. La crisis ambiental para México es como el elefante en la sala de la casa. Es decir, la cuestión ambiental representa un problema serio para la gobernabilidad, es más, para la seguridad nacional.
Si no hay intervención regulatoria efectiva, conforme a derecho, por parte del gobierno mexicano el desarrollo económico agudizará las contradicciones que ya enfrenta por el acceso a los “recursos naturales” y que ya ocasiona la resistencia de las ciudades y pueblos, por ejemplo, para hacer valer el derecho humano al agua o a otros servicios ambientales dañados por la expansión económica no sostenible y no regulada.
La gobernabilidad del presente y más aún la gobernabilidad futura están asociadas a las capacidades que los gobiernos tienen y deben tener para gestionar con eficacia, por consenso y con criterios de sostenibilidad la relación sociedad-naturaleza, sociedad-servicios ambientales, sociedad-producción. Si esta relación no se atiende, como ha ocurrido hasta ahora, la gobernabilidad corre riesgos mayores. No debemos olvidar que el daño que le hemos ocasionado al medio ha llegado a puntos límites en donde no sólo se está poniendo en riesgo a la naturaleza sino a la propia vida de las personas.
Por esta razón es que la nueva política ambiental no debe tener pies de trapo. Sería muy lamentable que así ocurriera. En eso no debe haber continuidad.
