En fuerte y documentado posicionamiento ante la más alta tribuna de la entidad, propuso la diputada María de la Luz Núñez Ramos reactivar el Programa especial para la restauración de las Microcuencas en zonas prioritarias del Sistema Cutzamala (Michoacán y Estado de México), que operaba el gobierno federal a través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) desde 2010 y que, inexplicablemente, dejó de operar a partir del año 2018.
Además planteó la urgente necesidad de habilitar el «Pago por servicios ambientales» a los titulares y dueños de los bosques del oriente de Michoacán.
«Refrendo mi compromiso de legislar con y para la sociedad. Es en este sentido que vengo a plantearles el clamor y el reclamo de los pueblos del agua. Se trata de poblados campesinos y de comunidades mazahuas y otomíes de los municipios de Hidalgo, Zinapécuaro, Áporo, Senguio, Irimbo, Angangueo, Ocampo, Zitácuaro y Tuxpan, quienes llevan décadas luchando por lo que ellos llaman Justicia hídrica».
Son ellos quienes reforestan, cuidan y defienden los bosques de La Monarca y de todo el Oriente michoacano sin recibir a cambio ni un centavo de retribución por su invaluable labor
La diputada María de la Luz recordó que: «dada su escasez a nivel mundial, el agua cotiza en el mercado de futuros de la Bolsa de Nueva York desde finales de 2020, y a este paso los conflictos y las guerras que hoy son por petróleo, mañana serán por agua. El líquido vital será muy pronto un asunto geopolítico central».
n este contexto, advirtió que los bosques y las selvas, principales fábricas de agua y oxígeno, están en crisis. Han sido diezmadas por la voracidad de quienes van tras la ganancia a secas. Tan sólo en el municipio de Zitácuaro sucumben dos hectáreas por la siembra de aguacate y la tapa ilegal diariamente. En todo Michoacán, son 700 las hectáreas de bosque perdidas casa día por esta misma causa.
