Ante el desacato de una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAEM), la empresa Amareti Construcciones SA de CV presentó este jueves ante el Congreso Local, una denuncia de juicio político contra la actual administración del Ayuntamiento de Zinapécuaro.
El procedimiento fue promovido y ratificado en la Mesa Directiva del Poder Legislativo, pero será en los próximos días cuando se turne a Comisiones y se dictamine su procedencia.
De acuerdo con el abogado Valente Álvarez, apoderado legal de la compañía promovente del juicio, el procedimiento se deriva de una obra que se pactó durante 2011 y que consiste en la ampliación de la Avenida Lázaro Cárdenas II etapa.
Y aunque quienes incumplieron el contrato de referencia y rehusaron cubrir la obra no fue la administración pública municipal actual, el representante legal de Amareti Construcciones SA de CV, reconoció que el expediente que consta de poco más de 2 mil 300 fojas, no ha encontrado solución definitiva y por ende el Ayuntamiento de Zinapécuaro, como ente público, heredó el procedimiento vigente.
Respecto al daño causado a la empresa por el gobierno municipal, el entrevistado informó que en aquel entonces la cantidad a cubrir era de 1.4 millones de pesos, situación a la que fue condenado el Ayuntamiento de Zinapécuaro a cubrir la pena convencional, así como los aspectos de mora y daños y perjuicios.
Valente Álvarez, detalló los antecedentes del caso y la actitud de desacato que ha traído consigo afectaciones directas a la compañía que representa y que hoy busca destituir al Cabildo en pleno, cuyos integrantes han sido sancionados financieramente por la propia autoridad por negarse a cumplir con el procedimiento.
Los antecedentes
Desde el primero de abril de 2014, la empresa Amareti SA de CV demandó del Ayuntamiento de Zinapécuaro, el pago de diversas cantidades que se le adeudaban por concepto de obra pública, las que fueron resueltas a favor de la constructora, en la sentencia definitiva de fecha 28 de junio de 2017, en la que se condenó al ayuntamiento, a pagar adeudos, penas convencionales, intereses generados y daños y perjuicios.
A raíz de lo anterior, a partir del 24 de agosto de 2017 y hasta el primero de octubre de 2019, el TJAEM, le ha realizado cuando menos 17 requerimientos al ayuntamiento, para que cumpla.
Debido al incumplimiento, el 24 de abril de 2018 el tribunal ordenó: Al Congreso del Estado dar inicio a los procedimientos constitucionales de separación del cargo de María del Refugio Silva Duran, cuando aún fungía como alcaldesa; y dar vista al Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación por los delitos que se deriven; así como a la Contraloría Municipal a iniciar los procedimientos de responsabilidades por el incumplimiento. Consulta aquí el Acuerdo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán número JA-0321/2014-II
“Aun así, la funcionaria no cumplió”, refirió el entrevistado, quien dijo que ante la omisión y a raíz del cambio de gobierno, se comenzó a requerir el cumplimiento a la actual administración municipal “pero tampoco se ha dado cumplimiento”.
Ante esta negativa, aseveró, el 14 de marzo de 2019 el TJAEM ordenó dar vista nuevamente al Congreso, al Ministerio Público y a la Contraloría Municipal, pero esta vez también ordenó girar oficios a la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno estatal para hacer efectivo el cobro de diversas multas que fueron impuestas a los funcionarios a raíz del incumplimiento.
El representante legal de la constructora, lamentó que los magistrados del TJAEM han incumplido con la obligación que tienen de ejecutar la sentencia; el Congreso se ha negado a dar inicio a los procedimientos constitucionales para destituir al Cabildo y la Dirección de Recaudación ha sido omisa para hacer efectivas las multas; mientras la contraloría municipal también se ha negado a emprender los procedimientos que le corresponden.
