En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó dos decretos en pro de los pueblos indígenas y afromexicanos, lo cual -dijo- representa un nuevo avance y su pleno reconocimiento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En la Mañanera, la propia secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez preguntó: ¿Quién no ha padecido o ha sido testigo de actos de discriminación? Puedo decir que yo misma padecí de niña, por ser mujer, por mi color de piel o mi origen indígena.
Hoy, manifestó, nuestra Constitución reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público y habla de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
“Sabemos que todavía muchas personas en nuestra sociedad siguen actuando con racismo y rigen su conducta por el color de la piel de la gente, por la estatura de las personas, por el origen étnico o por la condición económica. Hay racismo y clasismo, hay quienes no admiten que otros tengan las mismas oportunidades de desarrollo; contra esas prácticas hay que seguir luchando como sociedad y gobierno.
Hoy tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos, un Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, una Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, así como Comisiones estatales y nacional, de Víctima y Búsqueda; y una Subsecretaría de Derechos Humanos que depende de Gobernación. Estas instituciones existen porque todavía prevalece una problemática en el país, pero en la medida que se respeten los derechos humanos de todas las personas estos organismos reducirán sus actividades.
Hoy también en el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum hacemos todo lo posible para que todas las familias gocen del derecho humano a la vivienda, derecho al trabajo, derecho al agua, derecho a la justicia, derecho a la información.
En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, agregó, creemos y trabajamos por la inclusión de todas y todos: poblaciones de la comunidad, de la diversidad sexual, migrantes, personas indígenas, niñas, niños, jóvenes, mujeres; todas las acciones emprendidas por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum buscan atajar los actos discriminatorios y las violaciones a derechos humanos.
En su oportunidad, el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, destacó la firma del decreto por el que se crea la Comisión Presidencial de Planes de Justicia y Desarrollo Regional de los pueblos Indígenas y Afromexicanos y otro que instruye la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la traducción de la Reforma Constitucional que da derechos plenos a los pueblos originarios.
“Hemos logrado la traducción de 64 variantes lingüísticas correspondientes a 57 lenguas indígenas o agrupaciones lingüísticas de 58 pueblos originarios. Eso es lo que hemos logrado en la traducción de esta reforma constitucional. Hemos hecho un esfuerzo muy importante; sin embargo, nos hace falta fortalecer el trabajo en otras 11 lenguas, para que podamos completar las 68 lenguas indígenas que se hablan a lo largo y ancho del territorio nacional”.
Las traducciones están disponibles en un micrositio: reformaindigenatraduccion.inpi.gob.mx
Al referirse al decreto para crear la Comisión Presidencial de Planes de Justicia y Desarrollo Regional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, el director del INPI señaló que son 17 Planes de Justicia en todo el país que beneficia a 26 pueblos indígenas en 12 entidades federativas y una población aproximada de 420 mil personas indígenas, mujeres y hombres, con una inversión, en este momento, de 27 mil millones de pesos.
“Nuestra Presidenta nos ha dado la instrucción de dar continuidad a estos planes, pero también de realizar nuevos planes de justicia. En ello estamos trabajando, en ello nos estamos coordinando con las diversas entidades y dependencias”.
Y justamente, el papel de esta Comisión Presidencial será coordinar todas las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal para que podamos trabajar de manera conjunta y coordinada, y también aportar los recursos públicos para atender los planteamientos, las propuestas y las necesidades de nuestros pueblos y de nuestras comunidades.
