Baltazar Gaona García, diputado local por el Distrito 8, con cabecera Tarímbaro, abordó la tribuna del Congreso para presentar a consideración del Pleno una iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar artículos al Código Penal de Michoacán.
El proyecto de ley contempla sanciones que van de 2 a 5 años de prisión, a funcionarios que contraten personal a sabiendas de que el nuevo trabajador percibirá salario sin presentarse a desempeñar su encargo, “se impondrán de dos años a cinco años de prisión y multa de doscientas a cuatrocientas unidades de medida y actualización, y suspensiones por un año del ejercicio de la función pública”, señaló Gaona.
Apuntó que el concepto de “corrupción” no es únicamente a la práctica de desvío de recursos, de favoritismos, influyentísimo, amiguismo, nepotismo, y a la poca transparencia en el manejo de los recursos públicos, pues “también se ha hecho patente en la opacidad y discrecionalidad en la contratación de personal en la administración pública”.
Por lo anterior, aseguró “es indispensable eliminar todo tipo de corrupción” y en esa tarea, la vigilancia en la aplicación y fiscalización de los recursos públicos es una obligación moral que compete a todas y todos, “pero en especial a los servidores públicos, los cuales tienen como misión fundamental cuidar los dineros públicos”.
Detalló que su iniciativa, tiene como finalidad quienes consiguen contratarse en la administración pública, trabajen efectivamente, desempeñando las tareas para las cuales fueron contratados y que su desempeño sea optimo y eficaz, lamentó que muchas de las personas que se contratan no cumplen con sus tareas, lo cual “conlleva a una desviación de recursos económicos y humanos que tanto hacen falta en estos momentos a la administración pública”.
Estas personas, que son a fin de cuentas servidores públicos, son conocidas comúnmente como “aviadores” y están presentes en todos los niveles de gobierno, pero lo que nos interesa en este momento es sancionarlos en la esfera estatal y municipal, y que reintegren los salarios o remuneraciones que han recibido indebidamente, ya que no han sido devengados por un trabajo, lo cual, es en sí, un ingreso ilícito.
El diputado, quien preside la comisión inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) en la 75 Legislatura, refirió que la Auditoria Superior de la Federación recomendó a la Secretaría de Educación Pública un mayor acercamiento con las entidades federativas que presenten mayor resistencia a dar información sobres sus maestros y escuelas. Sin embargo, dijo que los aviadores no son exclusivos del sector educativo, donde persiste “esa mala práctica”, sino en áreas de la administración pública, como Seguridad Pública y Salud.
“Debemos erradicar toda clase de corrupción y ser vigilantes de los recursos públicos que son de todas y todos los Michoacanos”, por ello, propone también sancionar a estos falsos servidores públicos, se sancioné su actuar, buscando a la vez desincentivar estas prácticas nocivas y que son en contra de la propia sociedad.
