Para salvaguardar y garantizar los derechos de los adultos mayores, en cualquier momento y ante cualquier familiar, tercero o autoridad, Geonna Deyrith Hernández Cuevas, integrante del Segundo Parlamento de Mujeres propuso una iniciativa de reforma, que adiciona y modifica la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, para crear la Agencia Especializada de Atención de Adultos Mayores.
Con este nuevo ente se agilizará la persecución de delitos que afectan directamente al adulto mayor, además de garantizar que sean tratados con dignidad y respeto, asegurar que los abusos cometidos en su contra sean castigados ágil y expeditamente.


Desde la tribuna del Congreso del Estado, en su exposición de motivos, Deyrith Hernández destacó que la normativa vigente aplicable al tema de las agencias especializadas para la atención a adultos mayores en el país solo hay una que operan en el Estado de México desde 2010.
La experiencia en el vecino estado -dijo- registra una disminución de delitos en contra de los adultos mayores, así como una mayor conciencia y calidad de vida de los adultos mayores.
También en los estados de Querétaro y Puebla han empezado a legislar en el tema, a diferencia de Michoacán, donde el maltrato a los adultos mayores constituye un problema social que afecta la salud y los derechos humanos de personas mayores. “Continúa como un tipo de violencia menos tratada y de menor abordaje de acción por parte de las autoridades”.
La Agencia Especializada para la Atención de Personas Adultas Mayores Víctimas de Violencia Familiar tiene por objeto brindar atención integral a las personas de sesenta o más años de edad, que se encuentren involucradas en hechos que pudieran ser constitutivos del delito de violencia familiar, proporcionando asesoría jurídica gratuita, proponiendo medios alternativos de solución a conflictos, o en su caso inicia e integra las averiguaciones previas correspondientes, así como el apoyo asistencial para la canalización a albergues temporales y asilos cuando sean víctimas de violencia familiar, otorgándoles una atención preferencial que agilice los trámites y procedimientos administrativos y judiciales a realizar, buscando siempre salvaguardar la integridad física y emocional del adulto mayor.


