El gobierno de Michoacán y su par federal, a través de la subsecretaría de Derechos Humanos y Población, que encabeza Alejandro Encinas en la Segob, signaron un convenio con actores del sector social y organizaciones de Derechos Humanos, así como periodistas de la entidad, para presentación de una iniciativa ante el Congreso local, para reformar la Ley de Protección a Periodistas, para abrir la puerta a la implementación de un mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, como instrumento indispensable para hacer frente a quienes generan violencia contra activistas y comunicadores en Michoacán.
El gobernador Alfredo Ramírez llamó a romper paradigmas y crear nuevos escenarios, para regenerar la vida pública en Michoacán.
En un evento, el periodista Andrés Resillas Mejía y los activistas pro derechos humanos, Cirse López Riofrío y Gerardo Herrera Pérez, levantaron la voz para demandar un mecanismo efectivo de defensa para sus gremios, a fin de “caminar juntos en la implementación del mecanismo de protección”, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ofreció la colaboración de su gobierno para romper inercias y viejos paradigmas a fin de regenerar la vida pública en Michoacán y crear nuevos escenarios de encuentro y participación entre las y los michoacanos.
Gerardo Herrera Pérez detectó vacíos en la implementación del mecanismo y puntualizó en la necesidad de capacitar a los servidores públicos para que “cuiden la vida de activistas y periodistas”, necesitamos que se profesionalicen, porque “no es posible tener un mecanismo de protección si tenemos servidores públicos improvisados”, López Riofrío recordó que pisó una prisión por el mal proceder y la prepotencia de un funcionario público, demando respuestas efectivas a los problemas que desde la sociedad queremos resolver, “nunca más la fuerza pública para acallar protestas”, demandó.
El mandatario estatal reconoció enseguida la existencia de puntos ciegos en el retrovisor institucional que no se detectaron con anterioridad, lo que derivó agresiones contra los activistas, quienes ejercen el periodismo y devino además en violencia de género, por lo que llamó a los actores involucrados a enviar una iniciativa al Congreso “para modificar el marco legal y poder emitir un mecanismo de protección acorde a las necesidades de periodistas y defensores de Derechos Humanos”.
Ante el fiscal estatal, Adrián López Solís, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, Jorge Reséndiz García, presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, el titular del Ejecutivo michoacano dijo que es fundamental romper inercias, cerrar ciclos y comenzar a regenerar la vida pública de Michoacán, antes de concluir, Ramírez Bedolla pidió a comunicadores y activistas pro Derechos Humanos que tengan confianza en el Estado, ya que hay del lado oficial un interés de garantizar su protección en el ejercicio de sus actividades.
