Siempre lo hemos sabido, que ahí donde hay defensa de bosques y aguas habrá intereses dispuestos a todo para silenciar a quienes alzan la voz. Los más de 30 defensores ambientales asesinados en nuestro país hasta la fecha en 2023 son la prueba más dolorosa y oprobiosa de esta realidad. Ni qué decir de la inmensa cifra de activistas ambientales acosados, amenazados, levantados o finalmente confinados al silencio.
No todos los mexicanos están interesados en el cuidado ambiental a pesar de que las encuestas reflejen esa percepción. Incluso fenómenos climáticos con saldo trágico, como el del huracán Otis, apenas si logran generar un poco de conciencia sobre el origen humano del calentamiento global.
Menos aún ocurre frente a la devastación de bosques y aguas que de ordinario se mira por la sierra michoacana. El ciudadano de a pie juzgaría como ridículo y extremista el argumento de que atrás de la mayoría de los aguacates que compra está una huella pavorosa de incendios forestales, tala ilegal, cambio de uso de suelo, acaparamiento ilegal de aguas y uso de pesticidas dañinos para la salud humana y de los ecosistemas.
La percepción escéptica se modificará el día en que los desequilibrios ocasionados se abatan sobre los intereses vitales de cada michoacano, escases de agua, calor, sequía, tormentas atípicas, deslaves, enfermedades, algo así como, simbólicamente, el efecto Otis.
Por ahora es difícil quebrar esa percepción normalizadora. Atrás de los actos ilegales que destruyen bosques y aguas ―los ecosistemas en que vivimos todos― existen negocios que dejan cuantiosas ganancias a quienes los promueven. Tienen los recursos suficientes para difundir la publicidad que fortalece la visión de que todo está bien; algunos de estos negocios tienen incluso la condescendencia gubernamental y por supuesto de los mercados internacionales.
En esta atmósfera de normalización de conductas personales y comerciales ecocidas, la acción de los defensores de bosques y aguas es considerada peligrosa para esos intereses. Es la atmósfera perfecta para la persecución, acoso y aniquilación de activistas comunitarios que levantan la voz con plena legitimidad para hacer valer la constitución, el estado de derecho, y de manera singular, reclamar la intervención obligada del Estado para hacer valer esa legalidad.
El 20 de octubre se realizó en la comunidad de San Pedro, del municipio de Madero, la Mesa de Seguridad Ambiental para atender la gran cantidad de casos de cambios de uso de suelo, tala ilegal y apropiamiento indebido de agua en más de 730 hoyas concentradoras en este municipio.
Ahora sabemos que el evento prendió las alarmas entre quienes se empeñan en hacer negocio con base en la destrucción ambiental y procedieron a aplicar una campaña de acoso delincuencial contra los defensores de bosques y aguas. Las amenazas a nombre de grupos criminales van y vienen en contra de los activistas y sus familias.
La relación entre aguacateros al margen de la ley y talamontes ilegales con la delincuencia no es una simple hipótesis. Estos hechos probarían la relación entre unos y otros.
Al gobierno le debe quedar claro que cualquier daño que sufran los ambientalistas de la región será su responsabilidad si no actúan, pues él es el garante del Estado de Derecho, y quien debe hacer efectiva la seguridad de la población y no dejarla en manos de la delincuencia. Su deber es actuar de manera inmediata con patrullajes permanentes e investigando para evitar que ocurra una desgracia.
Es obvia la pista para saber quiénes mueven la cuna en esta campaña de amenazas y hostigamiento: son los agentes productivos relacionados con el cambio de uso de suelo, robo de agua a los pueblos y la tala ilegal.
En la Mesa de Seguridad Ambiental quedó muy clara la impunidad de estos “empresarios” que tienen alrededor de 22 denuncias y aseguramientos de predios talados y con cambio de uso de suelo. Algunos casos con denuncias de más de 5 años y con aseguramientos que son violados a diario, como si de facto tuvieran permiso para hacerlo.
Los intereses de estos empresarios han sido cuestionados por los pueblos de Madero y ahora responden con lo que mejor les sale: balandronadas de actos delincuenciales.
No será Madero, tierra que además de talada y quemada, sea manchada de sangre o escenario de secuestros de ambientalistas. Queda en manos del gobierno la responsabilidad que ellos juraron al ser electos: hacer valer la constitución y las leyes que de ella emanen. ¡Es su deber!
