En el sexenio pasado (de 2019 a 2024) el presupuesto asignado al sector medio ambiental cayó un 60 % en comparación con lo destinado por la administración de Peña Nieto.
El recorte tuvo consecuencias fatales para el cuidado de bosques, aguas y ecosistemas. La Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), responsable de aplicar las políticas correspondientes se vio impedida de cumplir sus funciones abandonando el territorio para beneficio de las malas prácticas ambientales y francamente predadores que de ello obtienen ganancias fabulosas.
La reducción drástica de los recursos públicos para cumplir con el artículo 4 ° constitucional, del derecho humano a un medio ambiente sano, llevó al semi desmantelamiento de la Semarnat, la Profepa y a la eliminación de instituciones como la Conabio, vital para conocer el estado de la diversidad biológica del país.
Durante los seis años pasados las instituciones ambientales federales con presencia en Michoacán prácticamente estuvieron ausentes. La falta de recursos que respaldaran sus atribuciones les impidió atender el devastador cambio de uso de suelo, la tala ilegal, la privatización creciente de las aguas nacionales o la producción de árboles para los programas de reforestación.
En materia ambiental el presupuesto autorizado para este sector en el sexenio que recién concluyó fue más que regresivo, políticamente significó una concesión a los intereses económicos que a diario destruyen lo poco que aún le queda a México.
Si durante el peñismo se estimaba que los recursos asignados ya eran insuficientes con el recorte impuesto por el pasado sexenio de hasta el 60 % la atención a la agenda ambiental se derrumbó a niveles alarmantes. La crisis ambiental en Michoacán o las incapacidades observadas para atender la crisis hídrica de este año son ejemplos muy bien documentados.
Sin embargo, y no sin reservas derivadas del comportamiento sui generis de la política pública del actual gobierno, llegamos a creer en un cambio de prioridades. Sabedores, como se ha divulgado (lo último una publicación del Times en la que se elogia a la presidente como titan del medio ambiente), de la estima científica y cultural de la mandataria por la agenda medio ambiental, se alimentó la esperanza de una agenda clara, firme y fuerte en esta materia.
La realidad como criterio de verdad parece imponerse a cualquier discurso articulador de esperanza. El presupuesto para el 2025 es demoledor para el más modesto optimismo. No solo no se incrementa o mantiene el monto, sino que se reduce en comparación al 2024 un 39.36 %.
Si en el legislativo se aprobara esta propuesta en el año 2025 el sector ambiental estaría operando con tan solo el 36 % de lo ejercido en el 2018, el último año del oficialmente ya superado “neoliberalismo”.
Este golpe presupuestario al sector, que terminará por sepultar todo impulso de política ambiental, ha alarmado a la propia titular de Semarnat Alicia Barcena quien ha expresado su honda preocupación. Con seguridad comprende que con semejante financiamiento quedará confinada a ser una secretaria testimonial sin medios para operar.
Como segunda y descalabrada esperanza se puede pensar en que hacienda o el legislativo recapaciten para incrementar el monto. Sin embargo, la realidad no pinta con optimismo. Todo indica que la economía mexicana tiene problemas. A Salud le quitan, a educación le quitan, a cultura le quitan el 30 %, a la propia Sedena le quitan el 43.8 %. Como lo hemos señalado infinidad de ocasiones la defensa del derecho humano ambiental habrá de provenir necesariamente de la participación ciudadana levantando la bandera del derecho y en exigencia de la justicia ambiental. Los caminos operativos de las instituciones se habían venido cerrando, ahora serán sólo un nombre y un logo.
