Recurrirá Ayuntamiento de Queréndaro al TJA para buscar castigar a omisos de deudas heredadas

El tesorero del Ayuntamiento de Queréndaro, Juan Luis Romero Cortés, dio a conocer a los regidores durante una sesión del cabildo que aunque el Sistema de Administración Tributaria (SAT) exige el pago del cumplimiento de obligaciones fiscales por 1.8 millones de pesos de deudas heredadas por otras administraciones; se buscará promover un procedimiento ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

La idea, dijo a los concejales que lanzaban una serie de cuestionamientos, es garantizar la aplicación de sanciones contra quiénes omitieron enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el de Nómina y que fue descontado a los trabajadores.

Entre preguntas, propuestas y hasta opiniones encontradas de algunos de los regidores que insinuaron desconocer el asunto, mientras transmitían la sesión vía redes sociales, el responsable de las arcas municipales, flanqueado por la síndica municipal, reitero que no es un asunto nuevo ni desconocido para el cuerpo colegiado ni para la sociedad.

“Venimos trabajando con deudas heredadas por 8.5 millones; que corresponden las administraciones 2015,2016 y 2017”.

Romero Cortés reconoció que aunque se tienen fondos para cubrir los 1.8mdp al SAT que reclama de uno de los ejercicios, se recurrirá al TJA, debido a que la medida representa un grave golpe que limita al Ayuntamiento a darle mejor repuesta a la ciudadanía que reclama mejores obras y servicios.

Ante las dudas de los regidores, el funcionario dejo en claro que por instrucción del alcalde Edgar Barrera, la administración actual cuenta con el cumplimiento de obligaciones tributarias, por lo que descartó observaciones en ese sentido.

En entrevista, explico que la sesión fue informativa no solo para regidores, sino para la sociedad en su conjuntos que además tiene presente que aún existen 18 laudos pendientes de finiquitar, los cuales también fueron heredados.

En ese sentido, recordó que el ayuntamiento ha pagado alrededor de dos millones de pesos por laudos mal ejecutados de otras administraciones 2010, 2012 y 2015.