La presión para desmontar los bosques de pino en Michoacán tiene un origen económico bien identificado. Si los suelos que ocupan pueden ser utilizados para producir bienes que reporten una mayor rentabilidad, entonces el riesgo estará siempre ahí.
Los dueños de los bosques, ejidatarios, comunidades y pequeños propietarios no escapan a las urgencias económicas ni tampoco a las ofertas que el mercado de tierras demanda para cultivos más rentables. Las condiciones económicas en que viven la mayoría de los dueños de los bosques no suelen ser desahogadas. En teoría poseen una gran riqueza potencial, madera, resina, y servicios ambientales que todos necesitamos, en la realidad sus opciones de crecimiento económico están limitadas.
Aún más acotadas resultan sus oportunidades porque en ellos recae la responsabilidad del cuidado de uno de los bienes ecológicos más importantes para la humanidad. Las leyes son claras en las responsabilidades que deben asumir en el manejo de sus bosques. Deben estar atentos a los incendios, provocados o no, al control de plagas que pueden arruinar hectáreas en poco tiempo, a los taladores roba madera, precavidos ante las ofertas de grupos criminales para aprovechar los árboles al margen de la ley, y resistirse a la compra de sus bosques para instalar huertas aguacateras.
Se ha mirado una parte del problema: el arrasador avance en el cambio de uso de suelo y la pérdida de biodiversidad por ello. Se ha hecho énfasis en la violación a las leyes correspondientes, pero poco se ha revisado las causas económicas que originan que los propietarios se deshagan de sus bosques o que ellos mismos promuevan el cambio de uso de suelo.
Lo cierto es que no existen políticas que estimulen económicamente la conservación de los bosques por sus propietarios originales. Los bosques deberían ser, también, fuente de ingresos dignos para que sus tenedores y sus familias vivan bien. Mientras los dueños de los bosques no tengan certeza económica las políticas de conservación difícilmente podrán ser exitosa.
Los servicios ambientales que producen los bosques, oxigeno, captura de carbono, generación de agua, paisaje, y que son vitales para todos, deberían ser retribuidos con justicia para que los propietarios puedan anclar su interés en la conservación de tales bienes.
Uno de los productos no maderables de los bosques de pino puede ser, como nunca, un factor importante para la conservación de los pinares. La resina es un aliciente económico que tienen los silvicultores para cuidar de sus montes. A mayor precio de la resina mejor aprecio por cada árbol, pero también a menor precio mayor posibilidad para su desatención.
El gobierno federal y el estatal, para el caso singular de Michoacán, están obligados a promover políticas con programas que estimulen la posesión y cuidado de los bosques. Y no en un esquema clientelar o asistencial sino en uno vinculado con el trabajo, la productividad y la retribución de pago por servicios ambientales, entre ellos la captura de carbono.
Michoacán, de acuerdo con datos oficiales, genera el 90 % de las más de 22 000 toneladas anuales de resina que produce nuestro país. Decenas de miles de posesionarios de bosques, raspadores y colectores de resina viven de estos ingresos y gracias a ello hacen defensa de los pinares. Es decir, son defensores económicos de cada árbol que les brinda un ingreso y al hacerlo defienden la existencia de los bosques.
Es un producto cuyo precio debe ser cuidado en el mercado, incluso con aranceles a las importaciones chinas, brasileñas o indonesias. Cuidar su precio tiene un impacto directo en nuestros bosques; por esa razón una política así debe considerarse de incumbencia ambiental.
El anuncio del gobierno de Michoacán en el sentido de reconocer a la resina como Producto Michoacán es un avance en esta dirección. Junto a ello deberá construirse, en un diálogo franco con los resineros (no solo los de escritorio, o los propietarios que arrendan los bosques sino los que usan el hacha para raspar), un paquete de medidas económicas, sociales y de capacitación, que alienten la producción resinera a la vez que se protege a los bosques de Michoacán.
Si a los aguacateros estatales que producen el 85 % a nivel nacional les queman incienso un día sí y otro también, a pesar de que la mayoría se produce bajo ecocidio constante, porque a la resina que representa el 90 % del total nacional, no se le estimula también, y con mayor razón reconociendo que al hacerlo se apoya la conservación de los bosques y los servicios ambientales que nos proporcionan a todos.
Hasta ahora los resineros han sido invisibles a ojos de la sociedad y el gobierno, a pesar de los beneficios ambientales que reportan, ya es tiempo de que ocupen el lugar público que les pertenece y por ello se les reconozca.
