Responde Congreso V Informe de Gobierno

Seguridad, empleo, educación y salud, entre las principales exigencias.

En respuesta al V Informe de Gobierno estatal, los grupos parlamentarios del Congreso del Estado, fijaron sus posicionamientos.

En ellos, hicieron referencia a las necesidades de los michoacanos, entre ellas, seguridad, empleo, educación y los retos frente a la pandemia originada por el COVID-19.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Octavio Ocampo Córdova, invitó a los legisladores a olvidar las ambiciones efímeras y a impulsar las acciones conjuntas a favor de la democracia.

“El diálogo es un principio para lograr los acuerdos, pero los acuerdos no son la propagación de una sola idea, sino en la réplica, en la discusión abierta, en el maduro respeto a quienes no piensan igual”, acotó.

El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), diputado Eduardo Orihuela Estefan aseveró que en Michoacán se requiere de una Gran Alianza para recuperar la paz social.

“La vigencia del Estado está en juego, si no se recupera la posibilidad de que todos vivamos con tranquilidad”, afirmó.

Asimismo, dijo que  analizarán cuidadosamente el Informe presentado por el gobernador Silvano Aureoles.

“Estoy seguro de que este ejercicio de rendición de cuentas nos llevará a una reflexión profunda que traerá buenos resultados para los michoacanos. Que así suceda por el bien de nuestro Estado”, señaló.

División entre el gobierno estatal y federal

El diputado Ernesto Núñez Aguilar del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), hizo un llamado para que el desarrollo económico sea un eje central para salir adelante en la crisis.

Consideró que la administración pública ha tenido avances, pero también desaciertos ante las condiciones por la pandemia del COVID-19 por lo que se debe tener capacidad y voluntad para transformar los problemas en soluciones.

“Comienza a sentirse una división entre el gobierno federal y estatal, por ello les pido a todos los actores políticos presentes que nos convirtamos en actores de conciliación y acuerdos por el interés superior de los michoacanos”, expuso.

El diputado Francisco Javier Paredes Andrade de Movimiento Ciudadano (MC) advirtió que después de la pandemia originada por el COVID-19, persiste la percepción social de que no hay institución pública confiable.

“Nadie confía en nadie y nadie puede asegurar con certeza que no habrá traiciones, abusos, corrupción o violencia”, consideró.

Detalló que la transparencia y la rendición de cuentas, deberían encontrar su campo de oportunidad en el desglose de los gastos generados derivados de la atención a la pandemia.

“Está la necesidad de eficientar los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos para garantizar los servicios de salud y seguridad, o bien, información respaldada respecto de la implementación que se realizó de los apoyos sociales y estímulos económicos que en su momento se anunciarán para hacer frente a esta crisis sanitaria”, comentó.

“La incidencia delictiva no disminuye”

A nombre del Partido del Trabajo (PT), Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, urgió a realizar observaciones precisas, identificar las carencias y los retos que enmarcan el quehacer del gobierno en el estado, sin enfocarse en señalamientos revanchistas, ni caer en apologías serviles.

Refirió que en materia de seguridad pública la incidencia delictiva no disminuye.

También destacó la la falta de implementación de mecanismos de diálogo, negociación y conciliación en las manifestaciones sociales, así como la falta de pagos en tiempo y forma al magisterio estatal.

“El estado de Michoacán necesita a un poder ejecutivo concentrado en la atención urgente e importante de las problemáticas que más aquejan a nuestra entidad”, señaló.

“El federalismo mexicano entró en crisis”

Del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el diputado Antonio Soto Sánchez dijo que con la pandemia, la crisis política ha tenido uno de los peores escenarios para la toma de decisiones públicas.

“El federalismo mexicano entró en crisis. Asuntos sin resolver durante mucho tiempo se han agudizado por la pandemia”, señaló.

De igual forma, explicó que de ser aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 en los términos en los que fue propuesto, Michoacán sufriría una merma de alrededor de 4300 millones de pesos, al eliminarse fondos como el de infraestructura social, de fortalecimiento municipal, de fortalecimiento de la seguridad y de escuelas de tiempo completo.

“Este recurso equivale a todo el presupuesto en salud del estado”, aseguró.

El diputado David Alejandro Cortés Mendoza del Partido Acción Nacional (PAN) enfatizó la creación del Centro Estatal de Inteligencia en Salud, que detecta, monitorea y canaliza los contagios en tiempo real, para su pronta atención.

“Sin embargo, demandamos una política uniforme en el tema de salud en el Estado, así como en la violencia familiar, que afecta a mujeres y niñas en 9 de cada 10 casos”, indicó.

Sobre la educación, señaló que aún está pendiente por atender el tema de la cobertura en zonas marginadas, comunidades rurales e indígenas, ya que 4 de cada 10 de las niñas y niños no cuentan con servicios de internet y carecen de una tableta electrónica o celular que les permita tomar clases.

“No podemos seguir estimando que el ciclo escolar siga su curso, cuando no hay siquiera los elementos mínimos para que la niñez pueda tener acceso al conocimiento”, destacó.

Atender la crisis sanitaria sin violar derechos

De Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el diputado Osiel Equihua Equihua, aseguró que el gobernador Aureoles presentó un informe con datos dispersos, que no atiende a la sectorización establecida en la Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo, el Plan de Desarrollo Integral del Estado, o a los Planes Sectoriales de Desarrollo.

“Su Informe de Gobierno se efectúa en un ambiente confuso y sombrío”, indicó.

Sobre la crisis sanitaria, hizo un llamado al Ejecutivo a manejar maneje la crisis de la manera correcta y conforme a sus atribuciones, evitando violentar los derechos de la población, así como el Estado de derecho.

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