Después de la contratación de deuda pública por 4 mil 90 millones de pesos, el Congreso del Estado debe frenar la privatización de bienes públicos que pretende llevar a cabo el gobierno de Silvano Aureoles, señaló el diputado Alfredo Ramírez Bedolla.
Desde el 29 de abril las comisiones unidas de Hacienda y Deuda Pública, y de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, aprobaron un dictamen en el que autorizan a Silvano Aureoles desincorporar 10 bienes inmuebles del estado que en conjunto tienen un valor de 631 millones de pesos, con el propósito de que puedan ser vendidos.
El diputado de Morena recordó que en ese dictamen se estableció que el dinero obtenido por la venta de bienes sería destinado a la compra de insumos médicos para enfrentar la pandemia del COVID-19; sin embargo, dijo, durante el momento más crítico de la contingencia el Gobierno del Estado tuvo un significativo apoyo de la federación, gracias al cual no se vió rebasada la capacidad hospitalaria en Michoacán.
La contratación de deuda pública y la privatización de bienes públicos tienen tinte de saqueo, advirtió Ramírez Bedolla y recalcó que el Congreso del Estado no debería autorizar la venta de propiedades del estado, ya que además de comprometer las finanzas públicas estatales con el endeudamiento, contribuirá a la afectación del patrimonio de Michoacán.
Añadió que el gobernador Silvano Aureoles no desistirá en su intención de privatizar el patrimonio de Michoacán, ya que en la página del Gobierno del Estado se siguen ofertando los bienes, pese a que su venta aún no ha sido autorizada por el Congreso. Además, dijo, la propuesta podría ser retomada por el Legislativo en las comisiones unidas ya referidas.
