El diputado local por Tarímbaro, Distrito 8 local, Baltazar Gaona García denunció públicamente que supuestos grupos delincuenciales están visitando los hogares de la cabecera distrital para retirar las cámaras de vigilancia que los tarimbarenses han instalado como medida de seguridad ante los hechos delictivos, principalmente robos, que se han registrado de hace un tiempo a la fecha en la capital del pulque, donde habitantes han recibido amenazas para obligarlos a quitar las cámaras instaladas en sus hogares.
Si no lo hacen posteriormente pasan los presuntos malandrines en camionetas, quitando los dispositivos de grabación, por lo que acusó que “el alcalde de Tarimbaro es consecuente con el crimen organizado”, entregando a los ciudadanos a la extorsión y obligarlos a vender drogas, ante lo cual aseguró que “políticamente, lo mejor que puede hacer el edil es renunciar”.
El legislador no estableció si ya formalizó la denuncia ante la Fiscalía ante los señalamientos que ha venido realizando contra el Gobierno Municipal en turno. Solo se limitó a enviar un mensaje a la gente de Tarímbaro y comentó que es necesario tomar cartas en el asunto, “el crimen está echando raíces en Tarímbaro, y si ahora no los cortamos de tajo, va a ser muy difícil que los podamos sacar de ahí”.
En otro tema, el legislador local por el Partido del Trabajo (PT) presentó durante la sesión ordinaria de este jueves 27 de abril una propuesta de exhorto para que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a la gasolinera G500 ubicada en la salida a Salamanca y de haber delitos, como se sospecha, aplique las sanciones correspondientes a la estación que hace unos días fue denunciada por automovilistas a los que se les despachó gasolina con agua.
Agregó que hasta la fecha 36 propietarios han presentado denuncia por daños en los motores de sus unidades, tras haber “cargado” gasolina en dicha estación, “aunque los daños pueden ser a futuro”, por lo que no se descarta que crezca la cifra de afectados.
Precisó que, en tanto que varios de los afectados son ciudadanos del Distrito 8, que él representa en el Congreso local, es que está intercediendo, pues “creo que es mi obligación”, para robustecer las quejas que las y los afectados han externado de manera formal y en redes sociales.
Estableció que, ante las influencias y contactos del diputado federal y propietario de la referida estación de servicio, para incidir en la FGR y la propia Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), “yo estoy haciendo lo que me corresponde en defensa de los ciudadanos del Distrito 8 con cabecera en Tarímbaro”.
