Las denuncias realizadas por personal técnico del programa federal Sembrando Vida han reavivado el debate sobre las condiciones laborales de quienes participan en la operación de programas públicos y el derecho al trabajo digno, luego de que trabajadores señalaran presuntas irregularidades en su contratación, entre ellas la imposición de cuotas económicas, la falta de acceso a seguridad social y la ausencia de seguros que los protejan frente a los riesgos inherentes a sus funciones.
De acuerdo con una investigación publicada por SinEmbargo, facilitadores y técnicos productivos del programa laboran bajo esquemas de contratación temporal como prestadores de servicios profesionales, modalidad que, según los denunciantes, les impide acceder a prestaciones laborales como afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), vacaciones pagadas o cobertura en caso de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo.
Los trabajadores también denunciaron que, además de la incertidumbre laboral, deben realizar aportaciones económicas para diversas actividades vinculadas con la operación del programa. Aseguran que estas cuotas representan una carga adicional para personal que, además, suele asumir gastos de transporte, alimentación y materiales necesarios para desempeñar sus funciones en comunidades rurales.
La situación cobró mayor relevancia tras el accidente sufrido por uno de los técnicos, hecho que, de acuerdo con sus compañeros, evidenció la falta de mecanismos de protección para quienes realizan trabajo de campo de manera permanente. Los denunciantes sostienen que ningún integrante del equipo cuenta con un seguro de vida o de riesgos de trabajo, pese a que sus actividades implican desplazamientos constantes y exposición a diversos factores de riesgo.
Sembrando Vida constituye uno de los programas prioritarios del Gobierno de México para impulsar la reforestación, recuperar suelos degradados y fortalecer la producción agroforestal en comunidades rurales. Miles de campesinas y campesinos reciben apoyos económicos y acompañamiento técnico para desarrollar sistemas productivos sustentables. Sin embargo, detrás de esos resultados existe un grupo de profesionales encargado de brindar asesoría, supervisar proyectos y dar seguimiento a las actividades productivas en territorio.
Las denuncias no solo cuestionan las condiciones laborales dentro de este programa, sino que también colocan sobre la mesa una discusión más amplia sobre el modelo de contratación del personal que presta servicios al Estado bajo esquemas de honorarios o contratos temporales, los cuales, en la práctica, pueden limitar el acceso a derechos como seguridad social, atención médica, protección frente a accidentes laborales y estabilidad en el empleo.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil. Asimismo, el artículo 123 establece principios para la protección de las personas trabajadoras, mientras que diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscritos por México, promueven condiciones laborales seguras, protección social y empleo con derechos.
Desde una perspectiva de derechos humanos, especialistas han señalado que, cuando existe subordinación, horarios definidos y funciones permanentes, las instituciones deben garantizar el respeto a los derechos laborales previstos en la legislación mexicana, independientemente de la modalidad contractual utilizada.
Los técnicos hicieron un llamado a las autoridades responsables para revisar sus condiciones de contratación, eliminar las cuotas que consideran indebidas, establecer mecanismos transparentes para atender sus inconformidades e incorporar esquemas que les otorguen acceso a seguridad social, seguros para el desempeño de sus actividades y mayor certidumbre jurídica.
Las autoridades competentes deberán esclarecer los señalamientos y, en su caso, determinar si existen deficiencias que deban corregirse. El caso ha abierto nuevamente la discusión sobre la necesidad de armonizar los objetivos de las políticas públicas con el respeto a los derechos laborales de las personas encargadas de implementarlas, particularmente en programas sociales considerados estratégicos para el desarrollo del país.
Fuente: Investigación publicada por SinEmbargo: “Algo no está bien en Sembrando Vida: técnicos denuncian cuotas y no tienen seguro”.
