El Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa (TAAM) de Michoacán inhabilitó por 20 años para ejercer cargos públicos al actual diputado local de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez. La sentencia, correspondiente al expediente PRA-0011/2025-I, le impone además una sanción económica de 5 millones 636 mil 600 pesos por daños y perjuicios a la hacienda pública estatal, tras acreditar su responsabilidad administrativa en el desvío de recursos del programa “Beca Futuro”.
En respuesta a la resolución, Juan Carlos Barragán Vélez afirmó en una entrevista difundida en redes sociales que la sentencia no es definitiva y adelantó que recurrirá a instancias legales superiores, incluyendo el juicio de amparo ante tribunales federales.
El legislador calificó el fallo como una estrategia de “fuego enemigo” impulsada desde el propio Gobierno del Estado —también de extracción morenista—, y acusó que esta acción contraviene las directrices de la dirigencia nacional al dañar la imagen del partido.
“Este asunto de Beca Futuro ya había sido atendido y resuelto en la propia Contraloría y en la propia Auditoría, pero de manera extraña fue reclasificado por este gobierno, lo calificaron como extremadamente grave y lo mandaron al Tribunal”, denunció el diputado.
Estoy tranquilo. La verdad nos asiste, las cuentas están claras y esta resolución será impugnada por las vías legales correspondientes.
Barragán Vélez calificó como “sospechosa” la coincidencia temporal del dictamen, al señalar que la resolución surgió dos días después de publicarse la convocatoria interna de Morena y dos días antes del registro del profesor Raúl Morón Orozco. Sostuvo que el fallo representa un ataque directo contra los simpatizantes del proyecto de Morón y busca frenar sus propias aspiraciones por Morelia de cara al proceso electoral de 2027.
Enfatizó que no solicitará licencia ni abandonará su curul en el Congreso de Michoacán. Aseguró que mantendrá su actividad legislativa y política mientras agota un proceso legal que, vaticinó, aún tiene un largo camino por recorrer en los tribunales. Aunque la sentencia del TAAM fija una ruta de sanción, el caso entra ahora en una etapa de impugnaciones donde los tribunales federales tendrán la última palabra.
Las investigaciones, iniciadas por el Órgano Interno de Control a través del oficio DEAISC/OIC/SEDEBI/554/2021, documentaron anomalías por un monto aproximado de 6 millones de pesos. Dichos recursos públicos debían destinarse a estudiantes beneficiarios durante la gestión de Barragán Vélez como titular de la entonces Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESOH) en la anterior administración estatal encabezada por el entonces gobernador, Silvano Aurelos Conejo, hoy prófugo de la justicia acusado de corrupción, peculado y asoxiación delictuosa.
