Los transportistas que se apoderaron de la ciudad pretextando su oposición a la ley de Movilidad y Seguridad Vial por “afectaciones” al gremio, mostraron una vez más su menosprecio a los usuarios que les proveen el sustento diario, pues poco importan cuando se trata de defender intereses poco claros y oponerse a “lo que sea” para continuar al margen de regulación y brindar un mejor servicio; olvidan además que deben “garantizar la protección de la vida e integridad física de las personas que circulan en las vías públicas de Michoacán, fomentar una cultura de respeto a los peatones y usuarios del transporte”.
El Congreso local programó una sesión plenaria para discutir y votar una Ley para mejorar las condiciones de seguridad y movilidad de las personas en territorio michoacano. Sin embargo, movidos por su líder, el eterno Pasalagua, la mayoría de transportistas –léase concesionarios y operadores- de las rutas que prestan servicio en la capital michoacana, secuestraron la avenida Madero exigiendo la no aprobación de tal propuesta, con ello, violentando el derecho de toda persona a la movilidad “en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”, como lo establece nuestra Carta Magna.
Dicha Ley se propone en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo del 2022, que expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, teniendo por objeto establecer las bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, para garantizar la protección de la vida e integridad física de las personas que circulan en las vías públicas de Michoacán, así como regular la política, planes y programas de seguridad vial para tales fines.
El referido marco legal estipula además que “la seguridad vial es el derecho de toda persona y de la colectividad, de contar con las condiciones necesarias que protejan la integridad física en sus desplazamientos por las vialidades públicas”.
Como principios de la seguridad vial, se establece que “Toda muerte por accidente de tránsito es prevenible”; ante ello, el resguardo de la integridad física de la persona usuaria será responsabilidad compartida entre la misma, los proveedores de las vías y los operadores de transporte.
Señala también que la seguridad vial deberá ser continua y responderá a las necesidades de las generaciones presentes y futuras, a través de instrumentos e instituciones; la generación de sistemas viales seguros con requerimiento de acciones de concertación entre sectores públicos, privados y sociales, a través de mecanismos transparentes de participación.
De igual manera, asegura que las políticas públicas en la materia priorizarán a las personas usuarias más vulnerables, a través de la multimodalidad y el uso cordial y responsable de la vía. La ley de Movilidad Vial estipula que “se debe fomentar una cultura de respeto a los peatones y usuarios del transporte por parte de quienes intervienen en esta materia”.
Gladyz Butanda Macías, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad en Michoacán, informó que para la construcción y adecuación de la ley se realizaron más de 80 mesas de trabajo, un Foro de Movilidad y Seguridad Vial, y un Parlamento Abierto en nueve cabeceras municipales; Se atendieron más de 10 propuestas, también se cruzaron e incorporaron temas esenciales presentados por diputados, sociedad civil y los propios transportistas, quienes argumentan que no se les tomó en cuenta para la elaboración de la multicitada ley.
