Las imágenes que ayer por la tarde comenzaron a circular en las redes sociales mostraban un cañón antigranizo siendo derribado y talados varios árboles de aguacate. El aviso que en lonas habían colocado agricultores y ganaderos de la región de Peribán con fecha del 30 de junio en las que advertían de ir contra esos artefactos si no los silenciaban se hizo efectivo.
Las declaraciones que en algunos medios digitales hicieron ganaderos y agricultores al pie de los cañones abatidos, eran claras, referían al daño que estos artefactos han causado al ciclo de lluvias y la afectación que en su patrimonio están teniendo por la escasez de aguas del temporal. Referían al extensivo cambio de uso de suelo y el abandono de los productores agrícolas.
La acción ha sido la respuesta al avasallamiento que han impuesto los intereses de los grandes huerteros, por encima del derecho ambiental, en la enorme franja aguacatera y la escasa acción gubernamental, federal, estatal y municipal, ante un fenómeno que ha concitado el hartazgo generalizado de comunidades y productores tradicionales de maíz y otros cereales.
El derribo de cuatro cañones antigranizo en la zona de Peribán por la población podría ser el inicio de un ciclo de acciones directas contra quienes utilizan esta tecnología si las instituciones gubernamentales competentes no toman acciones precisas y contundentes para erradicar las prácticas anti ecológicas. La iniciativa de ley que se encuentra en el Congreso local debiera ser retomada de manera urgente para que desde la ley correspondiente se establezcan restricciones precisas en el uso de las tecnologías probablemente lesivas para el medio ambiente.
Para transitar en paz hacia un nuevo orden ambiental que a Michoacán le urge, las autoridades deben hacer un llamado terminante a los aguacateros que utilizan cañones antigranizo para que en apego al principio de precaución se suspenda la actividad de todos estos dispositivos en el estado y se atengan en el futuro a las nuevas leyes que en esa materia deberán expedirse.
La atención social se focaliza en esta temporada en esta tecnología que se asocia con la escasez de lluvias. Sin embargo, los cañones son sólo una parte de un círculo escocida que genera el crecimiento irregular y francamente abusivo e ilegal de las plantaciones aguacateras. Se llega a un cañón antigranizo porque antes se deforestaron múltiples hectáreas -muy probablemente fueron incendiadas-, porque se ha matado biodiversidad, se han perforado indiscriminadamente pozos, o construido hoyas gigantescas que acaparan el agua y hacen trizas el derecho humano de los pobladores, se utilizaron plaguicidas que arrasaron con polinizadores y se usaron agroquímicos que contaminan las aguas y las tierras. Es decir, no es un problema aislado. Por esa razón la nueva legislación debe considerar de manera integral la problemática.
Si los campesinos llegaron hasta el punto de intervenir en las huertas para derribar cañones luego de años de exigencias para que sus reclamos fueran atendidos, es porque desde las instituciones gubernamentales y los legisladores no se abordó el problema con oportunidad.
En una entrega previa, en este mismo espacio, hemos expuesto que el problema debe ser abordado desde una perspectiva integral, holística, que considere necesariamente la participación social, dando voz a su perspectiva, a sus valores culturales y tradiciones agrícolas. Que no se trata de medir una tecnología aislada en el laboratorio considerando de manera lineal la causa y el efecto, sino considerando todas las dimensiones implicadas, entre ellas la social y la cultural.
Esta protesta cívica es una gran oportunidad que gobiernos y legisladores deben aprovechar para generar un nuevo orden ambiental en la entidad a partir de una nueva ley acorde a las necesidades del estado, que someta a derecho, de una vez por todas, a quienes impunemente exterminan la naturaleza, y que sobre todo proteja el derecho humano de todos los michoacanos a un medio ambiente sano, como lo mandata nuestra constitución.
