El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que el ex gobernador Silvano Aureoles Conejo está prófugo de la justicia y que continúan las investigaciones por el desfalco millonario a las arcas del Estado.
En conferencia de prensa, el mandatario morenista rechazó que haya revanchismo político, al destacar la actuación de la Secretaría de la Contraloría, por un trabajo de investigación excepcional y discreto que permitió que hoy cuatro ex funcionarios de la pasada administración estén ya en prisión preventiva.
La contralora del Estado, Azucena Marín Correa dio detalles del proceso que siguió en el caso de la construcción de siete cuarteles de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, que se adjudicaron de manera irregular y a un sobre precio, cinco veces más por encima de su valor.
“En ese periodo, el estado comprometió aproximadamente 5 mil millones de pesos para los cuarteles, de los cuales se erogó una cantidad de 3 mil 468 millones”.
La actual administración inició una auditoría en noviembre de 2021 a los cuarteles, ubicados en Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Huetamo, Uruapan, Coalcomán, Jiquilpan y Zitácuaro. Todos cuentan con “espacios lujosos y blindados, en contraste con la pésima calidad de las instalaciones destinadas al personal operativo”.
El 16 de febrero de 2022 el actual gobierno presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, la cual judicializó la carpeta por delitos como peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Una jueza federal giró órdenes de aprehensión contra varios ex funcionarios y el propio Silvano Aureoles Conejo. Siendo detenidos Carlos “N”, ex secretario de Finanzas; Antonio “N”, ex secretario de Seguridad; Elizabeth “N”, ex delegada administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Mario “N”, ex delegado administrativo de la SSP.
La funcionaria informó que, derivado de este proceso, se ha logrado la reparación del daño patrimonial por 970 millones de pesos, además de que los siete cuarteles están asegurados como parte del proceso de judicialización.
