Proteger a las personas migrantes no significa únicamente garantizar su acceso a servicios y programas públicos. También implica proteger la información que proporcionan a las instituciones y evitar que sus datos personales sean utilizados de manera indebida.
Con esta perspectiva, la 76 Legislatura de Michoacán reformó la Ley para la Atención y Protección de los Migrantes y sus Familias del Estado, con el propósito de fortalecer el resguardo de la información contenida en el Banco de Datos de Migrantes.
La modificación incorpora mayores garantías para que los datos personales de las personas migrantes sean tratados de manera responsable y conforme a las disposiciones legales aplicables, estableciendo reglas sobre su acceso, actualización, tratamiento y transferencia.
La importancia de esta reforma va más allá de un procedimiento administrativo. Para una persona migrante, entregar información personal a una institución implica depositar confianza en el Estado. Datos relacionados con su identidad, ubicación, situación familiar o condiciones particulares pueden convertirse en información especialmente delicada si no existen mecanismos adecuados para su protección.
Por ello, la reforma busca generar mayor certeza jurídica sobre quién puede acceder a esa información, para qué puede utilizarse y bajo qué condiciones puede ser compartida. Uno de los aspectos centrales es que la información pueda utilizarse para fines estadísticos, oficiales o académicos, pero preservando en todo momento la confidencialidad de los datos personales.
Este principio resulta fundamental desde una perspectiva de derechos humanos: la transparencia de las instituciones no debe convertirse en exposición de la vida privada de las personas. El reto consiste precisamente en encontrar un equilibrio entre el derecho de la sociedad a conocer información de interés público y el derecho de cada persona a mantener protegidos sus datos personales.
En el caso de las comunidades migrantes, esta responsabilidad adquiere una dimensión particular. Muchas personas mantienen vínculos económicos, familiares, culturales y sociales con Michoacán aun cuando viven fuera del estado o del país. La información que proporcionan a las autoridades debe servir para garantizar sus derechos y mejorar las políticas públicas, no para generarles nuevos riesgos.
La reforma representa, en ese sentido, un paso hacia una atención institucional que reconoce a las personas migrantes no solamente como beneficiarias de programas, sino como titulares de derechos.
Para Michoacán, un estado profundamente vinculado con la migración, fortalecer la protección de los datos personales no es un asunto menor ni exclusivamente técnico. Es una obligación de derechos humanos y una forma concreta de decirle a quienes migran que sus derechos también viajan con ellos.
