A ver, vamos por partes, porque con todo lo que ha pasado en nuestra máxima casa de estudios, como nos encanta decir para referirnos a la Universidad Michoacana en los últimos días, entre declaraciones, reuniones, cambios a la ley, una caja de muerto en el patio de San Nicolás y pleitos políticos, es fácil perderse. Y creo que antes de decir quién tiene la razón o quién está actuando mal, necesitamos entender algo muy sencillo: ¿quién decide quién será el próximo rector o rectora de nuestra Universidad?
Seguramente hemos escuchado que el Congreso quiere cambiar las reglas, que la rectora convocó al Consejo Universitario, que se aprobó un nuevo reglamento y que ahora quieren regresar al sistema de antes. Pero ¿qué significa todo eso? ¿Cómo se elegía al rector? ¿Qué cambió con la nueva ley? ¿Y por qué, si ya había una ley nueva, volvieron a cambiar las cosas?
No se trata de defender a la rectora, al gobernador, al Congreso ni a quienes quieren ocupar la Rectoría, se trata de entender qué está pasando con una institución que nos importa a todos los michoacanos porque creo que cuando sabemos cómo funcionan las cosas, podemos formarnos una opinión propia y no quedarnos solamente con lo que dicen unos y otros.
Les aviso que esto es un poco largo pero vale la pena que hagamos el ejercicio. Así que vamos a explicarlo sin enredos y sin lenguaje que no entendamos, va este ejercicio explicado con manzanas.
Primero: ¿quién elegía al rector?
Durante casi cuarenta años, la elección del rector de la Universidad Michoacana se hizo de acuerdo con una ley que se aprobó en 1986. Esa ley decía que el rector sería elegido por un grupo de ocho personas llamado Comisión de Rectoría, ¿quiénes eran? Cinco exrectores, un director, un profesor y un estudiante.
Es decir, no votaban todos los alumnos, ni todos los maestros, ni los trabajadores. Tampoco había una convocatoria pública obligatoria para que cualquier persona interesada pudiera registrarse y competir por el puesto. En la práctica, quienes querían llegar a la Rectoría podían acercarse a integrantes de esa comisión, manifestar su interés, presentar sus proyectos y buscar apoyos y palancas -hay que decirlo-. También se pedía la opinión de integrantes del Consejo Universitario sobre posibles candidatos.
Esto no quiere decir que todo se hiciera a escondidas, pero sí que la decisión final estaba concentrada en esas ocho personas.
Hay otra cosa que conviene aclarar: el gobernador no tenía, por ley, la facultad de nombrar al rector, esa decisión correspondía a la Comisión de Rectoría, a estas 8 personas. Sin embargo, durante muchos años se habló de la influencia que podían tener los grupos políticos y los acuerdos fuera de la Universidad en la elección porque una cosa es lo que dice la ley y otra, lo que puede ocurrir alrededor de una decisión política. Y es sabido que es el gobernador en turno quien pone el dedo de quien será el próximo rector. Así fue hasta la última vez en que se decidió nuestra última rectora.
Después llegó la nueva ley: ¿qué iba a cambiar?
En febrero de 2025, el Consejo Universitario aprobó una propuesta para cambiar la Ley Orgánica de la Universidad y el 7 de marzo, el Congreso del Estado la aprobó y fue publicada luego luego al día siguiente. Con esa nueva ley dejó de estar vigente la de 1986.
¿Y qué proponía el nuevo modelo?
La idea era que la comunidad universitaria tuviera más participación, es decir, que estudiantes, profesores y trabajadores pudieran expresar su opinión sobre las personas que buscaran ocupar la Rectoría.
¿Cómo se haría? Mediante una consulta en la que cada integrante de la comunidad universitaria podría expresar su opinión en una cédula individual, libre y secreta y con los resultados se integraría una lista de cuatro finalistas: dos mujeres y dos hombres. Esos cuatro nombres pasarían a una nueva comisión, que sería la encargada de elegir a quien ocuparía la Rectoría.
Y aquí hay algo muy importante: la comunidad universitaria no elegiría directamente al rector o rectora, podría participar, opinar y ayudar a definir quiénes llegarían a la última etapa, pero la decisión final seguiría en manos de una comisión.
¿Y la nueva comisión era muy diferente de la anterior?
Aquí es donde vale la pena comparar las cosas, porque a veces escuchamos que hubo una gran transformación, pero cuando revisamos cómo quedó integrada la comisión encontramos algunas semejanzas. ¿Puro pedo? Pos si, la verdad.
La comisión anterior, la de 1986, tenía ocho integrantes: cinco exrectores, un director, un profesor y un estudiante. La nueva Comisión Especial tendría nueve personas: tres exrectores, dos directores, dos profesores y dos estudiantes y además, se planteó que hubiera representación de mujeres y hombres.
¿Qué cambió entonces? Se redujo el número de exrectores y se aumentó la presencia de directores, profesores y estudiantes. También se incorporó la equidad de género. Pero hay algo que permaneció igual: la decisión final seguiría en manos de una “comisión”.
Es decir, sí se abrió un espacio para que la comunidad universitaria opinara, pero no se estableció que todos sus integrantes eligieran directamente a quien ocuparía la Rectoría. Por eso creo que vale la pena preguntarnos qué tan profunda fue realmente esa transformación. Porque una cosa es aumentar el número de personas que integran una comisión y otra muy distinta es cambiar quién tiene la última palabra.
Entonces, ¿qué pasó el 2 y el 3 de noviembre pasados?
Aquí es donde muchos nos perdimos, porque en dos días ocurrieron dos cosas distintas y muy importantes.
La nueva Ley Orgánica ya estaba aprobada desde marzo de 2025. También se había aprobado, en noviembre de ese año, el Estatuto Universitario, que explicaba cómo funcionaría el nuevo modelo pero todavía faltaba un reglamento que dijera con más detalle cómo se organizaría la elección: cómo se registraría a los aspirantes, cómo se haría la consulta y cómo se llevarían a cabo las distintas etapas.
Ese reglamento llevaba meses pendiente y el plazo para aprobarlo se venció y entonces llegó el 2 de noviembre de 2026. Ese día, la rectora Yarabí Ávila convocó a una reunión extraordinaria del Consejo Universitario, que se realizó de manera virtual en día inhábil y sin que se reuniera todo el Consejo Universitario.
¿Para qué? Para aprobar precisamente el reglamento que faltaba.
El Consejo lo aprobó, con los que llegaron a la reunión en línea y tomó otra decisión: estableció que la elección del próximo rector o rectora se realizaría hasta el 10 de noviembre de 2027, es decir un año después.
¿Por qué hasta entonces? Se argumentó que no existían las condiciones necesarias para llevar a cabo el proceso. En la práctica, esto significaba que la renovación de la Rectoría se aplazaba.
Pero aquí viene lo interesante: mientras la Universidad aprobaba las reglas para aplicar el nuevo modelo, en el Congreso del Estado ya se estaba discutiendo una propuesta para recuperar el sistema anterior y el 3 de noviembre ocurrió lo siguiente: el Congreso aprobó una reforma para que, por esta única ocasión, la elección del rector o rectora para el periodo 2027-2031 se hiciera mediante la antigua Comisión de Rectoría, la de ocho integrantes.
¿Y entonces qué pasó con el nuevo modelo que se había aprobado en 2025? La idea de que la comunidad universitaria participara en la consulta quedó aplazada para la siguiente elección, la del periodo 2031-2035. Dicho todavía más sencillo: el 2 de noviembre, el Consejo Universitario aprobó el reglamento del nuevo modelo y pospuso la elección para noviembre de 2027. Al día siguiente, el Congreso decidió que la próxima persona titular de la Rectoría sería elegida mediante el mecanismo anterior.
Por eso hay que distinguir las dos comisiones: la nueva, de nueve integrantes, que contemplaba la ley de 2025, y la antigua, de ocho integrantes, que el Congreso recuperó para la elección de 2027.
Y aquí surgen varias preguntas: si ya había una nueva Ley Orgánica, ¿por qué el Congreso decidió cambiar las reglas justo cuando se acercaba el momento de aplicarlas? ¿Por qué no se aprobó a tiempo el reglamento que hacía falta? ¿Y qué tanto puede intervenir el Congreso en una decisión que corresponde a la vida interna de la Universidad?
Son preguntas importantes porque no estamos hablando solamente de quién se queda con un cargo. Estamos hablando de la autonomía universitaria y de quién tiene derecho a decidir el rumbo de nuestra institución.
¿Y qué dicen quienes quieren ser rectores?
Hay otro asunto que me parece importante señalar. En medio de esta disputa por el futuro de la Universidad Michoacana, sabemos que hay personas interesadas en ocupar la Rectoría, yo tengo detectadas tres que son las que me aparecen en mi algoritmo de facebook. Algunas han manifestado públicamente sus aspiraciones y otras son mencionadas como posibles candidatas o candidatos.
Pero vale la pena preguntarnos: ¿dónde están sus voces frente a lo que está ocurriendo en la Universidad?
En estos días hemos visto inconformidades, movilizaciones y un paro. No son asuntos menores. Estamos hablando de la autonomía, de la participación de la comunidad universitaria y de las reglas con las que se elegirá a quien estará al frente de una de las instituciones educativas más importantes del estado.
No se trata de pedirles que apoyen a la rectora ni que se enfrenten al gobernador, tampoco de exigirles que entren en una disputa partidista pero si alguien quiere dirigir la Universidad, sería bueno conocer qué piensa sobre lo que está pasando, qué propone para resolver los problemas y qué lugar le daría a estudiantes, profesores y trabajadores en las decisiones de la institución.
Porque dirigir una universidad no consiste solamente en ocupar una oficina, tener un nombramiento o administrar un presupuesto. También significa asumir una responsabilidad frente a toda su comunidad. En teoría son académicos que buscan el bienestar de nuestra universidad.
El silencio no demuestra por sí mismo complicidad ni permite saber qué piensa cada persona pero sí nos deja una pregunta: ¿qué tienen que decir quienes aspiran a conducir la Universidad en un momento tan importante para su futuro?
¿Qué Universidad queremos?
Quizá lo más importante que podemos rescatar de lo ocurrido a principios de noviembre es que este conflicto puso el dedo en una llaga que llevamos tiempo sin atender: ¿qué tan democrática es nuestra propia Universidad?
Más allá de quién tenga la razón en esta disputa, lo que ha quedado al descubierto es que todavía tenemos mucho que discutir sobre la manera en que se toman las decisiones dentro de nuestra casa de estudios y sobre el lugar que ocupa su comunidad en ellas.
Y esto no es un asunto menor. La Universidad debería ser uno de los principales espacios donde se aprende a pensar críticamente, a cuestionar el poder, a debatir ideas y a participar en las decisiones colectivas, es en la universidad donde se forman las nuevas generaciones de profesionistas y ciudadanos ¿cómo podemos hablarles de democracia, de derechos y de participación ciudadana si ellos mismos no tienen una voz suficientemente fuerte en las decisiones sobre la institución donde estudian? Debería ser un ejercicio primario para nuestras juventudes.
Por eso, si vamos a cambiar las reglas de nuestra Universidad, hagámoslo a conciencia, no para resolver una disputa entre grupos ni para acomodar la ley a las necesidades del momento. Hagámoslo pensando en el futuro de la institución y en quienes la construyen todos los días porque si de lo que se trata es de cambiar o incluso derogar la Ley Orgánica de nuestra Universidad, hagámoslo con conocimiento de causa, con una discusión amplia y, sobre todo, con una propuesta que realmente signifique un avance. No se trata de cambiar una ley para regresar a las mismas prácticas de siempre, ni de modificar la integración de una comisión y pensar que con eso ya resolvimos el problema. Se trata de construir un modelo verdaderamente novedoso y democrático, donde la participación de estudiantes, profesores y trabajadores no sea solamente un requisito, sino que tenga un peso real en las decisiones.
Que la democracia y la participación sean el punto de partida. Que nuestros estudiantes no solamente aprendan en los libros qué significa ser ciudadanos, sino que puedan ejercerlo en su propia Universidad: conocer las propuestas de quienes aspiran a dirigirla, expresar sus opiniones y participar en las decisiones que afectan su vida universitaria. Ejercitar, como un músculo su opinión.
Hay algo más que me ocurrió durante estos días y que no quisiera dejar fuera. En medio de esta crisis universitaria me tocó conversar con varias personas cercanas, amigos y conocidos que forman parte de la Universidad. Yo, desde fuera y sólo como ex alumna nicolaíta les preguntaba por WhatsApp: ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que realmente ocurre? Tratando de entender este relajo y nadie parecía dispuesto a hablar del tema por mensaje. Me respondían: “Luego te cuento en persona”, “mejor platicamos cuando nos veamos”, o simplemente cambiaban la conversación.
No sé si era precaución, temor o simplemente la decisión de no dejar por escrito lo que pensaban. Pero la sensación que me quedó fue más que extraña, triste, agachona. Como si estuviéramos hablando de un secreto de Estado, como si expresar una opinión sobre la propia Universidad pudiera meterte en problemas. Por momentos parecía que habíamos regresado a aquellos tiempos de persecución política en los que hasta las palabras había que cuidarlas.
Y entonces me hice otra pregunta: si personas adultas, profesores, trabajadores, investigadores y universitarios que forman parte de la vida y de las decisiones de esta institución, sienten que no pueden hablar con libertad sobre lo que sucede en su propia casa, ¿qué estamos enseñando con el ejemplo a las nuevas generaciones?
La Universidad tendría que ser justamente lo contrario: un espacio donde podamos disentir, preguntar, debatir y expresar nuestras diferencias sin temor y donde nadie tenga que esperar a estar frente a frente, en voz baja y casi en secreto, para decir lo que piensa.
Porque si hay algo que debería enseñarnos la Universidad es que pensar diferente no es una amenaza, que preguntar no es una falta de lealtad y que participar no debería dar miedo.
Si ni siquiera dentro de la Universidad nos sentimos libres de hablar, ¿cómo vamos a enseñarles a nuestros jóvenes a ejercer su libertad?
