La Cámara de Diputados aprobó en lo particular el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones secundarias para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
El documento, avalado previamente en lo general, fue remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
En lo particular, recibió 251 votos a favor, 199 en contra y cuatro abstenciones, luego de que se desahogaran más de 230 reservas impulsadas por diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC, PRD y sin partido.
El Pleno aceptó la reserva del diputado Salvador Caro Cabrera (Morena) para modificar el artículo 302 de la Ley del Seguro Social, a fin de incluir en su cuarto párrafo la palabra “Sistema” para quedar: Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Además, divide el párrafo noveno para convertir la última parte, en párrafo décimo, el cual diga: “La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprobará la metodología para determinar el monto de la reserva que el Instituto constituirá para atender las solicitudes de devolución señaladas en este párrafo y el procedimiento que deberá seguir para ello”.
También se aceptó la reserva presentada por el diputado Azael Santiago Chepi (Morena) que reforma el inciso c) del Artículo Segundo Transitorio, a fin de establecer que el Fondo de Pensiones para el Bienestar brindará los recursos necesarios para procurar que los trabajadores que alcancen los 65 años de edad y cuya pensión sea igual o menor a 16 mil 777 pesos con 78 centavos, que equivale al salario mensual promedio registrado en 2023 en el Instituto Mexicano del Seguro Social por la inflación estimada para el año 2024, para que sea igual a su último salario hasta por el monto descrito en este párrafo. Dicho monto deberá actualizarse el primero de enero de cada año de acuerdo con la inflación estimada para el año correspondiente.
Además, que el complemento a que se refiere este inciso es intransferible y será exigible por los trabajadores que obtengan su dictamen o concesión de pensión, según corresponda, a partir de que transcurran 60 días de la constitución del Fondo de Pensiones para el Bienestar.
El Artículo Cuarto Transitorio se modificó para establecer que, a partir de la constitución del Fondo de Pensiones para el Bienestar, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado deberá concentrar al final de cada bimestre en la Tesorería de la Federación bajo la naturaleza de aprovechamientos, el 75 por ciento de los remanentes netos que obtenga derivados de la enajenación que lleve a cabo de bienes provenientes de entidades transferentes en materia aduanera y fiscal. El 25 por ciento restante será administrado de conformidad a las disposiciones aplicables.
En el Artículo Quinto Transitorio se señala que a partir de la fecha de entrada en vigor de este decreto queda sin efecto lo previsto en el transitorio Vigésimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2024.
Asimismo, agrega un párrafo al Noveno Artículo Transitorio a fin de señalar que una vez que alguno de los Institutos transfiera al Fondo de Pensiones para el Bienestar los recursos de la subcuenta bajo su administración, incluyendo la de los trabajadores a que se refiere este decreto que hubieran llegado a cumplir 70 o 75 años, según corresponda, lo deberá comunicar al resto de participantes del Sistema de Ahorro para el Retiro para que, en su caso, transfieran la otra subcuenta, a efecto de consolidar el ahorro de los titulares de las cuentas individuales en el referido fideicomiso.
El proyecto de decreto reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y del decreto por el que se extingue el Organismo Público Descentralizado denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y abroga su Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2023.
Para la discusión en lo particular se presentaron propuestas de modificación a la denominación de la Legislatura, proemio, metodología y a la denominación del proyecto de decreto del dictamen; al artículo 302 de la Ley del Seguro Social, y a los artículos 37, 39 y 43 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
También, a los artículos 192, 251 y Cuadragésimo Octavo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al 18 y 81 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, al 19 Quáter de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y al artículo primero y 78 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.
De igual modo, a los artículos 7 y 10 del decreto por el que se extingue el Organismo Público Descentralizado denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y se abroga su Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2023, así como los artículos transitorios Primero, Segundo, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Noveno, Décimo y Décimo Primero, y la leyenda “Palacio Legislativo de San Lázaro a 18 de abril del 2024”.
Mesas Semana Nacional de la Seguridad Social 2024
Durante las mesas de trabajo de la Semana Nacional de la Seguridad Social 2024 “Balance del Proceso Legislativo Respecto de la Reforma Constitucional en Materia de Pensiones”, realizadas en el Palacio Legislativo de San Lázaro, participaron funcionarios y expertos quienes se refirieron a la reforma del sistema de pensiones que plantea la iniciativa del Ejecutivo Federal.
Mesa 1. Análisis de la propuesta de reforma constitucional en materia de pensiones
Moderada por la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján (Morena), presidenta de la Comisión de Seguridad Social, y el diputado Santiago Torreblanca Engell (PAN), los participantes expusieron sus dudas respecto a la iniciativa de reforma y presentaron propuestas.
Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, titular de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), enfatizó que los recursos de trabajadores que están en las afores son intocables e inexpropiables, porque en 2022 se eliminó la “indescriptibilidad” del derecho a reclamar la devolución de sus recursos.
Oscar Zavala Gamboa, abogado en derechos de la seguridad social, comentó que esta reforma no es ajena a los derechos que ya se tienen considerados en el sistema de seguridad social. “Me parece que, para los trabajadores, estamos en presencia de una modificación que beneficia el Sistema de Ahorro para el Retiro y permite una vejez con mayor dignidad; es una reforma de derechos humanos, que no tiene elementos de discriminación, ya que se adecua a los principios de seguridad y justicia social”.
Guillermo Zamarripa Escamilla, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), dijo que en este proyecto es fundamental el diálogo con los distintos actores. Indicó que se debe ponderar el costo total, pues implicará recursos públicos, por lo que se debe poner en la mesa. Mejorar las pensiones, agregó, es algo bueno y correcto, pero hay consideraciones que se deben discutir para encontrar el balance correcto.
La magistrada María del Rosario Jiménez Moles, representante del Gobierno Federal en la Quinta Sala, consideró que, “en aras del trabajo decente”, las propuestas del Ejecutivo Federal cumplen con los principios de imprescriptibilidad, progresividad, vialidad financiera, realidad, responsabilidad e intocabilidad, por lo que pueden ser plasmadas en el texto de la Constitución Política.
Mesa 2. Los trabajadores frente a la reforma constitucional en materia de pensiones
La diputada Susana Cano González, secretaria de la Comisión de Seguridad Especial, afirmó que, a pesar de la diferencia de opiniones respecto a la iniciativa de reforma, la mayoría está a favor de las modificaciones.
Norma Liliana Rodríguez Argüelles, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, señaló que esta reforma es una forma de dignificar a los pensionarios y tener una justicia social y laboral después de dar una vida completa a una institución. Añadió que se tiene que reconocer que es una reforma que apoya a una parte de los trabajadores, pero se tiene que continuar avanzando con una visión de futuro.
Gustavo Michua y Michua, coordinador general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), indicó que los trabajadores de la educación consideran urgente garantizar a los trabajadores una vida digna durante su vejez, por lo que este sector apoyará la iniciativa del Ejecutivo Federal. Apuntó que se requiere hacer estudios actuariales pertinentes para conocer si con las aportaciones iniciales más los flujos de ingreso posteriores, serán suficientes para el fondo de pensiones planteado.
La coordinadora general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Claudia Elena Ruiz Maciel, resaltó que la propuesta de reforma constitucional que presenta el Ejecutivo Federal, no contempla el mejoramiento de las pensiones de los trabajadores bajo la ley del Seguro Social de 1973 ni de los pensionados y trabajadores bajo el Décimo Transitorio de la ley del ISSSTE de 2007, lo que provocará que miles de personas no tengan ningún beneficio.
Añadió que no todos los cotizantes del IMSS y del ISSSTE en cuentas individuales gozarán de estos beneficios, pues solo se beneficiarán los que se pensionen posteriormente a la aprobación y entrada en vigor de esta ley.
Víctor Manuel Méndez Sánchez, secretario técnico de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), dijo que la iniciativa en materia pensionaria constituye un acto de justicia social para los trabajadores. “Ésta puede ser considerada como una medida oportuna, con sentido social y humanista, porque busca anticiparse a una situación de crisis que enfrentarían estos trabajadores”.
Alfredo Sánchez Castañeda, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, mencionó que lo que se discute en estos momentos es un ingreso económico digno para las personas después de su vida laboral; de ahí que se debe aprovechar este alejamiento de la política privatizadora de las pensiones y apuntar hacia un Instituto Nacional de Pensiones.
Mesa 3. Las organizaciones de jubilados frente a la reforma constitucional en materia de pensiones
Sergio Téllez Galván, vocal ejecutivo de la Coalición de Pensionistas del estado de Veracruz, afirmó que el Gobierno Federal y la LXV Legislatura aún pueden intervenir para aumentar la cuantía de las pensiones, pero hay aspectos que requieren atención y análisis, como la naturaleza extractiva de capital bajo intereses, la insolvencia financiera, la discriminación por edad y la corrupción de las dependencias encargadas de administrar las afores.
Juan Delfino Molina Santisteban, coordinador del Frente para la Preservación de la Seguridad Social en el Estado de Veracruz, precisó que, desde el punto de vista de los jubilados y pensionados, la seguridad social debe ser una política de Estado y no depender de ningún partido en el poder, sino contar con una visión de mediano y largo plazo. Hizo un llamado a la unidad al destacar que “nada ni nadie podrá imponernos ningún reglamento, ninguna norma, ninguna ley, y nadie podrá ser atropellado en sus derechos si anteponemos la unidad”.
A su vez, Juan Campos Vega, secretario de Relaciones de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados “Profr. Elpidio Domínguez Castro”, señaló que la iniciativa garantiza a futuros jubilados una pensión digna y beneficia a quienes iban a tener una pensión insuficiente. Expresó que la propuesta no termina con el actual modelo de pensiones, solo se toma una medida urgente para resolver el problema a quienes pronto se van a jubilar.
Carlos Hugo Morales Morales, secretario general del STUNAM, exigió detener el proceso legislativo sobre la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, en virtud de que el gobierno mexicano no puede eludir su obligación de generar sistemas de seguridad social que garanticen pensiones seguras y dignas. Por ello, exigió que se transite hacia un sistema de pensiones que restaure el modelo solidario, pero también que fortalezca la capitalización individual.
Claudia Ortiz Montes de Oca, de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, refirió que es necesario contar con un sistema de seguridad social solidario. Añadió que la propuesta de reforma busca aumentar o complementar la tasa de reemplazo de las Afores, por lo que se pronunció a favor la misma
