Ciudad Juárez, Chihuahua.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que en febrero de 2025 el Congreso legislará sobre la prohibición de sembrar maíz genéticamente modificado en territorio nacional con el objetivo de proteger la biodiversidad del país, en respuesta a la resolución del panel del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sobre las medidas relacionadas con el maíz genéticamente modificado.
“El Congreso de México, aquí con la ayuda de las y los senadores, de los diputados, pues vamos a darle la vuelta a esta resolución, porque muy pronto, en febrero (en el próximo periodo de sesiones), van a legislar, estoy segura, que no se puede sembrar maíz transgénico y hay que proteger la biodiversidad de México en nuestro país. Como decimos: ¡Sin maíz, no hay país!”.
Resaltó que el T-MEC, es uno de los acuerdos más exitosos, ya que las economías de los tres países representan el 30 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, además de que el comercio entre las tres naciones aumentó en 48 por ciento desde 2020. En tanto que, el valor del comercio bilateral —entre EUA y México— es de casi 798 billones de dólares y entre México, Estados Unidos y Canadá, el comercio es tres veces mayor que el existente entre EUA y China.
Como muestra de la integración económica, resaltó que de los ingresos que generan los mexicanos en EUA, el 80 por ciento lo consumen en Estados Unidos y el 20 por ciento son enviados como remesas. En tanto que siete de cada 10 trabajadores del campo en el país vecino son mexicanos, es decir, sin ellos y ellas, no habría comida en las mesas de las familias estadounidenses.
Sobre el tema, la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País reafirmó su compromiso de continuar la lucha en contra el maíz GM y en favor de la soberanía alimentaria, la biodiversidad y la defensa de los maíces nativos.
Exigió al Gobierno de México mantener su postura firme en contra del maíz GM ante los intereses transnacionales.
EL PRONUNCIAMIENTO
La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País (CNSMNP) expresa su postura frente al fallo emitido el dia de hoy en relación a la Controversia
iniciada por el gobierno de Estados Unidos contra el Decreto Presidencial emitido el 13 de febrero de 2023 en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Este Decreto fue precedido por otro Decreto que se publicó en 2020 y por otras políticas impulsadas por el Gobierno entre 2018 y 2024.
Manifestamos que tanto el T-MEC como el fallo emitido por el panel están diseñados principalmente para proteger los intereses de las corporaciones transnacionales, en lugar de priorizar los derechos de la población mexicana o la sostenibilidad del medio ambiente. En
este contexto, la controversia planteada revela una preocupación a nivel global: el riesgo que los alimentos genéticamente modificados representan para la salud humana y ambiental.
Razón por la cual el gobierno mexicano ofreció a EUA realizar una evaluación de riesgos conjunta que cubriera las necesidades de ambas poblaciones, lo que EUA se negó a realizar por considerarla innecesaria. También evidencia los riesgos que representa que los alimentos
básicos sean parte de los tratados comerciales y sean considerados como una mercancía y no como un bien prioritario para la humanidad.
En sus conclusiones, el Panel reconoce que “México está tratando de abordar preocupaciones genuinas de buena fe” y sugiere que el país realice nuevamente el proceso administrativo correspondiente, asegurándose de que las medidas sean efectivas y que los resultados se presenten a las partes involucradas. Por lo tanto, si México decide acatar la resolución, no debe modificar su política, sino enfocarse en consolidar un proceso administrativo sólido que evite futuras quejas.
Durante casi 30 años, los efectos del uso de la biotecnología en los alimentos y en la biodiversidad de nuestros cultivos se han hecho evidentes. México ya ha recopilado la información científica necesaria, que fue presentada y reiterada en la resolución del panel, además de contar con los peritajes pertinentes. Lo que está en cuestión no son los fundamentos ni las medidas, sino un aspecto puramente administrativo. Además, desde hace casi una década (9 años), la agroindustria tiene la posibilidad de realizar todos los estudios
científicos para evaluar los efectos a la salud y al medio ambiente por la siembra de maíz GM en México, bajo supervisión judicial y de la colectividad demandante. Al día de hoy se ha rehusado a realizar cualquier estudio en México.
El Panel está integrado por tres expertos en comercio internacional y aspectos legales vinculados con procesos comerciales. No son científicos, ni especialistas en salud pública o ambiental. Su labor se limita a resolver la controversia administrativa presentada por Estados
Unidos contra México, sin considerar los posibles impactos del maíz genéticamente modificado en la salud, la biodiversidad o el medio ambiente del país.
Cabe recordar que México, además de ser un centro de origen y diversificación constante del maíz, tiene este cereal como base de
su dieta y cultura.
El proceso ha permitido avances significativos en términos de información, gracias a las contribuciones de organizaciones civiles, personas científicas y peritas, cuyos análisis se incorporaron a las argumentaciones de México. Este debate ha evidenciado deficiencias en los sistemas internacionales de evaluación de organismos genéticamente modificados y sus riesgos para la salud humana y ambiental. Dichos sistemas no consideran factores clave, como las formas de consumo, la cantidad y la frecuencia con que lxs mexicanxs consumen maíz
a lo largo de su vida. Tampoco evalúan las implicaciones en la diversidad del maíz que es fundamental para contender contra los fenómenos derivados del cambio climático.
Aunque el resultado del Panel no favorece a México, el país ha reafirmado su compromiso de proteger la salud pública y el medio ambiente frente a los riesgos asociados con el maíz transgénico. Este tema sigue siendo una prioridad en la agenda nacional.
Asimismo, resulta fundamental que las empresas biotecnológicas logren demostrar que el maíz genéticamente modificado es seguro para su consumo humano en la industria de la masa y la tortilla en México, y también que el Gobierno de Estados Unidos realice evaluación sin conflicto de interés sobre la inocuidad de los organismos genéticamente modificados.
Cabe señalar que en tanto el Gobierno de México presentó una recopilación de artículos científicos, dictaminados por pares; Estados
Unidos presentó investigaciones financiadas por la propia industria e incluso, panfletos publicitarios.
Por otra parte, las acusaciones de que el Decreto obstaculiza el libre comercio carecen de fundamento, ya que las importaciones de maíz han crecido en los últimos años, concentrándose principalmente en grano destinado al consumo animal. Esto se dió a conocer con claridad
recientemente con las cifras de importación de maíz de este año.
En este contexto, sostenemos que un Panel comercial no tiene la legitimidad ni la capacidad para evaluar las medidas adoptadas por un país destinadas a proteger la salud de su población, preservar su riqueza biocultural y salvaguardar el reservorio genético de un cultivo que, por su volumen de producción y diversidad de usos, es el más importante del mundo.
Por ello, bajo ninguna circunstancia un tratado comercial puede estar por encima de la soberanía de México.
Para asegurar y fortalecer nuestra posición es crucial elevar a rango constitucional la prohibición de la siembra de maíz genéticamente modificado y su consumo como alimento básico. Asimismo, es imperativo garantizar que no sea liberado, ni siquiera de forma accidental,
en el campo mexicano para proteger el derecho a una alimentación adecuada, saludable y culturalmente pertinente, como dictaminó en agosto una comisión legislativa del Congreso.
Recordemos además, que sigue vigente el juicio en relación con la Demanda Colectiva Maíz, que en los hechos impide legalmente la siembra de todos los maíces genéticamente modificados, como los transgénicos, en México.
Informe final Panel del T-MEC (Dic. 20 – 2024) Descargar informe (PDF)
