Frente común en Michoacán contra el cobro de piso y la extorsión

Gobierno de Michoacán presenta iniciativa de reforma para fortalecer el combate a la extorsión. Se propone aumentar hasta 25 años la pena de prisión por este ilícito

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presentó iniciativa de reforma al Código Penal para fortalecer las acciones de combate a la extorsión y agravar, con hasta 25 años de prisión, las sanciones por este delito en Michoacán.

Acompañado del titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), Marco Antonio Vargas y de los presidentes del Poder Judicial y Legislativo local, Jorge Reséndiz y Julieta García, respectivamente, el mandatario destacó que se propone perseguir por oficio la extorsión y castigar el delito desde la simple amenaza.

“La extorsión atenta contra la seguridad de las personas e impide el desarrollo productivo de todos los sectores afectando a la sociedad en general, porque además es uno de los delitos con mayor impunidad, por eso, se quieren tener elementos para administrar mejor la justicia y si lo hacemos bien, esta será la primera piedra para alcanzar una Ley General Antiextorsión en México”, comentó.

El gobernador añadió que en unidad y coordinación entre las instituciones, poderes públicos y órganos autónomos, se darán buenos resultados para preservar la seguridad y paz que demanda la población.

Lo anterior tras explicarse que la iniciativa de reforma contempla la protección a las víctimas garantizando la seguridad personal, la libre determinación, integridad y desarrollo de los sectores productivos.

Plantea castigar el uso de medios electrónicos con fines de extorsión, agravar las sanciones para servidores públicos que faciliten celulares y teléfonos a internos de penales, el cobro de cuotas por “derecho de piso” y libre desarrollo de actividad productiva, compartir imágenes sexuales como medio de amenaza, asociación delictuosa, intervención de personas armadas o simulen estarlo, entre otras.

Marco Antonio Vargas, titular de la Conase, destacó que esta iniciativa es un ejemplo nacional que refuerza la normatividad estatal para dar certeza de las acciones contra la extorsión y aseguró que se apoyará con capacitación a servidores públicos y equipo tecnológico las actividades de combate a la extorsión.

“Hace falta un marco legal efectivo y con el Gobierno de Michoacán se ha logrado fusionar el esfuerzo entre instituciones y órganos autónomos para que a través de mecanismos de inteligencia y de operación, se reduzca la incidencia delictiva”, indicó.

Marco Antonio Vargas

La diputada local, Julieta García Zepeda, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, reconoció el trabajo conjunto con el Ejecutivo y se comprometió en dar seguimiento a la propuesta que será revisada en el Legislativo para su aprobación.

Aseguró que, desde ahora, las y los diputados “la suscribimos deseando éxito a las instituciones de seguridad, a los presidentes municipales a la Fiscalía General y al Poder Judicial”, dijo ante autoridades federales y municipales, así como de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Marina y del Ejército Mexicano que se dieron cita en el patio central del Palacio de Gobierno.

Al ahondar sobre la problemática, la diputada Julieta García Zepeda agregó que la extorsión telefónica o cibernética, puede cometerse a distancia y para el Ministerio Público se vuelve casi imposible rastrearlo; y lamentó la impunidad que se logra cuando los extorsionadores realizan visitas para cobrar piso, donde la misma persona, simultáneamente, ofrece protección y ejerce la amenaza.

“Es un problema que ocupa de todas y todos. Sepan que en el Congreso del Estado hacemos un compromiso de trabajo conjunto en todos los temas que se han planteado con claridad y de manera pública desde el Poder Ejecutivo y esta iniciativa no será la excepción”, señaló.

Julieta García Zepeda

El presidente del Poder Judicial del estado, Jorge Reséndiz García, comentó que la judicatura estará atenta del proceso que lleve el Legislativo al señalar que los órganos jurisdiccionales estarán listos para aplicar la normatividad correspondiente.

“Día a día vemos que la delincuencia ha evolucionado y rebasado el marco legal existente, generando nuevos mecanismos para a través de la violencia física y psicológica, de manera presencial o virtual, obtener un beneficio en la mayoría de los casos económico, lo que afecta a las víctimas en particular y a la sociedad en general, en su desarrollo personal y económico. Estas conductas requieren regularse y sancionarse, lo cual contribuirá a la paz social y al desarrollo económico del estado”.   

Jorge Reséndiz García

Felicitó al gobernador, quien en ejercicio de la facultad que la Constitución Política del Estado le asigna para iniciar leyes, particularmente cuando se trata de aquellas que tienen que ver con el diseño e implementación de la política criminal, presenta una iniciativa que recoge las necesidades del estado en torno a la tipificación y sanción de conductas que perjudican a la sociedad.