Hubo descuidos que ahora pueden ser catastróficos. Por años no se actualizó ni dio mantenimiento al sistema hídrico del estado, tampoco se planificó la construcción de nuevos sistemas de almacenamiento para atender las necesidades del crecimiento humano y productivo.
El Estado abandonó sus responsabilidades reguladoras y permitió y sigue permitiendo el cambio de uso de suelo, la construcción ilegal de sistemas privados de captación de aguas y otorgó facilidades, al margen de toda previsión, para la expansión de cultivos aguacateros y de frutillas.
Ni las instituciones de gobierno ni los privados quisieron ver los escenarios derivados de ese crecimiento desordenado, del acaparamiento del agua y de la tensión social que esto provocaría. Tampoco quisieron ver, como ahora, la contribución local al calentamiento global y al cambio climático. Y aunque todo esto está previsto en nuestras leyes y acuerdos, prefirieron voltear para otro lado.
El episodio de sequía que vivimos forma parte de un rosario de episodios semejantes en el pasado inmediato; la reducción y el estado de degradación en que se encuentran nuestros bosques y la condición climática mundial agudizarán el porvenir hídrico de Michoacán.
Gobierno y privados hemos empujado la degradación ambiental a un punto de cuasi no retorno. De un lado presenciamos el auge descontrolado y arrollador de una economía agrícola que crece a costa de bosques y aguas mientras del otro lado presenciamos pueblos secos. El límite del agua ya lo tenemos en nuestro día a día.
Hemos normalizado esta dinámica económica presumiendo los indicadores de exportaciones y generación de empleos sin reconocer las contradicciones que carcomen y ponen en riesgo la concordia social, la gobernabilidad y la viabilidad misma de múltiples poblaciones. No hemos planificado con criterios de sustentabilidad y sostenibilidad el desarrollo económico de Michoacán.
A los gobiernos no se les ha ocurrido pensar en que, para soportar 4000 hectáreas de aguacate y 600 hectáreas de frutillas en determinada área, además del consumo humano, la ganadería, las hortalizas locales, y otros cultivos, se necesitará más agua y que para tenerla se requiere obra hídrica pública de almacenamiento masivo, porque de no hacerlo habrá colapso.
Los gobiernos permitieron cultivos en donde ya no había agua disponible y tampoco invirtieron en infraestructura. Que se haya permitido la construcción de más de 20 mil hoyas en la franja aguacatera es un ejemplo lamentable de esta barbarie. La obstrucción que estos sistemas hacen sobre las redes naturales ha tenido consecuencias.
Frente a las tensiones, que seguirán creciendo en el estado, por la sequía y la concentración de aguas, la estrategia de buscar acuerdos de conciliación priorizando el derecho humano al agua es una vía imprescindible.
Hacer valer en los procesos de negociación que el agua es de todos y para todos es una máxima que puede alcanzarse a partir de la flexibilidad de quienes tienen concentrada el agua, pero procurando también el funcionamiento de los sistemas productivos. Lo anterior es una contradicción, pero aún es salvable en el algunos lugares.
Una negociación así, sin embargo, no debe dejar de lado los deberes urgentes de las instituciones gubernamentales para frenar de inmediato el cambio de uso de suelo, la remediación que deben cumplir los que han hecho ese cambio de uso de suelo, la regulación de las hoyas concentradoras que deben cumplir con estudios de impacto ambiental, la procedencia del cambio de uso de suelo, los permisos de protección civil, la verificación y regularización de los permisos de agua en función de la disponibilidad sustentable y disponible del agua en cada localidad.
No puede seguirse por la ruta del caos. La regulación sustentable y sostenible de los cultivos aguacateros y de frutillas es impostergable, al igual que la certificación ambiental de aguacates y frutillas para la exportación y el mercado nacional.
Los operativos que realiza la Conagua con la Guardia Nacional en lugares como Madero deberían sujetarse a criterios superiores como garantizar la paz social, hacerlo con la participación de las comunidades y sus autoridades, inducir a la regularización dentro de un plan general para asegurar las aguas a los diferentes usuarios de las localidades, y en función de un plan estatal hídrico que a futuro garantice el abasto para todos los michoacanos.
