La lucha por la protección de los bosques michoacanos, por ahora está perdida. Estamos condenados a perecer a manos de los ecocidas. Parece drástica esta afirmación pero hemos medido bien el alcance de lo dicho. Lo explicamos con argumentos: está perdida frente al arrasador avance de las huertas aguacateras, de frutillas y frente a las debilidades de las instituciones federales, estatales y municipales. En lo que va de 25 años nuestro estado ha perdido más de la mitad de los bosques que poseía hasta mediados de los años 90 del siglo pasado, y sin embargo, ningún esfuerzo ha fructificado para recuperar ni siquiera la quinta parte de aquel patrimonio ecológico.
El crecimiento del mercado internacional del aguacate, que se estima en un promedio del 20 %, seguirá ejerciendo una presión brutal sobre nuestros bosques, aguas y tierras. La pérdida de 16 mil hectáreas de bosques y pastizales en el estiaje 2019 representa crudamente el ariete de esta presión. De ellas más de 10 mil terminarán convirtiéndose en plantaciones aguacateras principalmente. Son bosques y ecosistemas que jamás retornarán, son delitos que en su mayoría no serán castigados a pesar de que la ley general del medio ambiente sea clara y las leyes estatales sean duras al respecto. El problema es que esta realidad ha rebasado a las instituciones. A las federales, que desde hace mucho tiempo claudicaron y en la práctica se entregaron a los ecocidas afanosos por el oro verde; a las estatales, que ante la magnitud del problema no tienen los recursos para frenar el tsunami aguacatero, y; a las municipales, que no obstante sus obligaciones tampoco tienen estructuras para ello, menos recursos. En algunos casos la complicidad de políticos y jueces cierra el círculo de la impunidad.
Ante la devastación sorprende que hasta ahora no se haya hecho en Michoacán la declaratoria de ecocidio. En una generación más, y considerando el ritmo de destrucción medio ambiental, nuestro estado va a quedar reducido a un páramo estéril, en contraste, los capitales aguacateros estarán buscando otro nicho más rentable para la inversión. Es un mito del progresismo económico que la inversión aguacatera está generando riqueza para los michoacanos. Cierto que los indicadores macroeconómicos reconocen el protagonismo aguacatero en el PIB estatal y nacional y que su cuantía es ya mayor a la riqueza generada por Pemex. Sin embargo, según los datos que proporciona el Coneval respecto a la pobreza tenemos que en Michoacán el porcentaje de personas pobres comparadas con la prosperidad aguacatera en los años indicados en lugar de disminuir se ha incrementado: en el 2010 el 54.7% eran pobres; en 2012 lo eran el 54.4; en el 2014 el 59.2; y en el 2016 el 55.3. Con la salvedad de que la reducción de la pobreza en los años posteriores se debe a las políticas gubernamentales contra la pobreza no a la derrama aguacatera.
Si revisamos los datos que proporciona el Coneval referidos a los municipios aguacateros confirmamos esa realidad. Veamos: Tancítaro, “la capital mundial del aguacate”, en 2010 tenía 62.5 % de pobreza, en 2015 bajaba a 61.2%, pero en cantidad de personas se incrementaba de 21 406 a 22 050, lo que se explica por el crecimiento demográfico. Peribán: en 2010 tenía un 56.3 % y en 2015 bajaba a un 48.9, sin embargo, el conteo de personas se incrementaba, pasaba de 14,923 pobres a 16,114. En Los Reyes, en 2010 53.7 % eran pobres, en 2015 bajaba a 52.3 %, con el mismos fenómeno que en Peribán, las personas pobres en 2010 eran 39,304 pero en 2015 aumentaba a 41,609. En Ario de Rosales, municipio de expansión literalmente criminal del aguacate, la pobreza en 2010 era de 59.1%, para 2015 se incrementaba a 59.3 %, pero en el conteo de personas evolucionó con mayor dramatismo, pasó de 21,108 a 24,161 pobres. En Salvador Escalante, municipio que alberga al contaminado lago de Zirahuen, la pobreza de 2010, estimada en 68.7% paso en 2015 a 78.7%, es decir, de 30,478 a 37,924 personas. En Tacámbaro la evolución de la pobreza fue peor, pasó de 56.9 % en 2010 a 60.2 en 2015.
Con todo respeto para nuestras autoridades federales, estatales o municipales, los datos macroeconómicos a secas ocultan la otra realidad, la de la pobreza que induce el sistema aguacate cuya cadena económica extrae riqueza de manera atroz y absoluta sin que ésta alimente y dinamice las economías locales. Gran parte de la riqueza del sistema aguacate queda en manos de las comercializadoras, la mayoría extranjeras, las que fijan el precio a costa del sacrificio de ganancias de las propias plantaciones y del uso exhaustivo de las tierras y la mano de obra.
La barbarie aguacatera debe ser frenada ya. Bien por las acciones legales del gobierno de Michoacán para sancionar a quienes han hecho cambio de uso de suelo. Las sanciones contra los ecocidas no deben cesar. Sin embargo, ofrecerles amnistía para regularizar las más de 100 mil hectáreas que ilegalmente le robaron al patrimonio de Michoacán, de México y del planeta, es alentarles su codicia. La pedagogía que ello conlleva es clara: quema y planta ahora que el perdón llegará después. Mejor establecer la norma de “Aguacate Ambiental y de Paz” para que este sea el medio para posicionarlo en el mercado. Ningún aguacate que proceda de bosques incendiados, de la contaminación, del acaparamiento del agua y de la delincuencia organizada, podrá tener está denominación para salir a los mercados.
No debe haber perdón al ecocidio. Puede parecer extremo -no lo es si se considera el derecho humano a un medio ambiente sano establecido en el artículo cuarto constitucional- pero las 100 mil hectáreas deben ser recuperadas a su vocación boscosa.
A quien sí se debe estimular es a los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios de bosques que con enormes sacrificios están resistiendo, desde la pobreza muchos de ellos, la embestida y el acoso de los capitales aguacateros. Efectivamente, en consecuencia con la ley general que prohíbe el cambio de uso de suelo, se deben vedar las tierras boscosas, pero indicar a estas alturas que aún hay lugar para plantaciones aguacateras creo que resultará contraproducente. La plantación de aguacate en Michoacán ya no es sustentable, la cantidad de bosques que infiltran agua no es suficiente para generar los altos volúmenes de agua que consumen.
Los gobiernos no deben desestimar los datos que los académicos están proporcionando advirtiendo del riesgo ambiental que el monocultivo del aguacate está ocasionando en materia de acceso social al agua, contaminación de tierras, aniquilación de ecosistemas, exterminio de polinizadores, contribución al cambio climático, enfermedades por pesticidas y agudización de la pobreza. Por favor, escuchen, analicen y tomen decisiones correctas.
No puede seguir posponiéndose, en materia legislativa, la figura del ecocidio pues el mensaje que se manda a los señores de la barbarie ambiental es que el Estado está a modo para que la destrucción continué. Quien daña al ambiente debe pagar y remediar. En Michoacán se han hecho cuantiosas fortunas realizando ecocidio pero no han pagado un centavo por la destrucción de más de 100 mil hectáreas, en cambio reciben de manera indirecta el subsidio de recursos públicos para construir hoyas, caminos, fertilizantes, etc. Las instituciones están rebasadas y deben reconstituirse para detener la barbarie ecocida.
Debe romperse la visión alegre pero fatalista de que el progreso aguacatero es nuestro destino, existen alternativas productivas sustentables para el campo. Si no corregimos, “la dulce” muerte por el oro verde será el verdadero destino de Michoacán.
