Pide Fermín Bernabé evitar medidas coercitivas para hacer frente a COVID-19

 El diputado Fermín Bernabé Bahena dijo confiar en que la ciudadanía seguirá ajustándose a las medidas sanitarias que la Secretaría de Salud ha venido promoviendo para contrarrestar los efectos del COVID-19, sin la necesidad de recurrir a acciones coercitivas que incluso podrían rayar en la inconstitucionalidad. 

Consciente de la magnitud de la emergencia sanitaria a la que está expuesta la ciudadanía, el legislador emanado de Morena llamó a que las y los michoacanos sigan respetando las recomendaciones y protocolos que emanen del gobierno federal, para lo cual consideró innecesario recurrir al uso de la fuerza pública, tal y como lo pretende hacer el Ejecutivo estatal mediante un decreto que, dijo, “viola el Artículo 29 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

“No podemos actuar a la ligera ante la crisis sanitaria que vivimos, mucho menos cuando la salud y estabilidad social de Michoacán están en juego, pero tampoco podemos promover acciones que no respeten el marco jurídico constitucional, y sí, lo digo por la medida que pretende ejecutar el Gobierno del Estado al diseñar un decreto con el que se pretende aplicar la ley e incluso sanciones económicas contra quien se encuentre fuera de su domicilio sin justificación alguna”, aseveró. 

Con base en el Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado local recordó que, “en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación”.

Si lo que se pretende es buscar vías de recaudación para la entidad -considerando que el confinamiento obligatorio contempla también sanciones económicas que van de entre los 4 mil 344 y 8 mil 688 pesos-, Bernabé Bahena pidió valorar otro tipo de determinaciones como lo es el plan de austeridad que el gobierno federal aplicó para generar una bolsa presupuestal orientada a atender la contingencia que desencadenó el COVID-19.

Por último, consideró que, en caso de proceder a la aplicación del decreto que prohíbe la presencia de ciudadanos en las calles, difícilmente existiría margen para que los elementos de la Policía Michoacán respondieran a la aplicación correcta del mismo, sin que se vulneren las garantías y derechos humanos de la población.

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