Agosto es, en Michoacán, el mes de los informes municipales. Presidentas y presidentes municipales suben al escenario para hablar de obras, programas, inversiones y resultados. Las plazas se llenan, aparecen videos institucionales y, durante unas horas, cada Ayuntamiento parece contar la historia de un municipio sin pendientes.
Es un ejercicio necesario —lo exige la ley y lo demanda la democracia—, pero conviene recordar su verdadero propósito: rendir cuentas a la ciudadanía, no rendir culto a quien gobierna.
La Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo establece la obligación de informar públicamente sobre el estado que guarda la administración y el avance del Plan Municipal de Desarrollo. Su sentido es claro: transparencia, responsabilidad y control ciudadano sobre el ejercicio del poder y del gasto público.
El problema aparece cuando el informe se convierte en espectáculo: grandes escenarios, videos cuidadosamente editados, discursos triunfalistas y publicidad en medios y redes sociales. Se destacan los éxitos, mientras quedan fuera de foco las obras inconclusas, los servicios deficientes y las comunidades que continúan esperando soluciones para problemas básicos como agua potable, caminos o seguridad.
Cuando la narrativa oficial se aleja de la vida cotidiana, el informe corre el riesgo de convertirse en propaganda política en lugar de rendición de cuentas.
Un informe verdaderamente democrático debería responder preguntas sencillas: ¿cuánto se gastó?, ¿en qué?, ¿qué se prometió?, ¿qué se cumplió?, ¿qué quedó pendiente y por qué?
No es una exigencia excesiva. Es el mínimo indispensable para que la rendición de cuentas tenga contenido real. Un informe que no reconoce pendientes, retrasos o dificultades, y que no presenta cifras verificables, puede terminar siendo más un ejercicio de mercadotecnia que de transparencia.
Hay, además, una contradicción que pocas veces se menciona: el propio evento, su producción y su publicidad también se pagan con recursos públicos.
También debe reconocerse que los resultados de un Ayuntamiento no pertenecen exclusivamente a quien ocupa la Presidencia Municipal. Detrás de cada obra y servicio existe el trabajo de regidoras y regidores, sindicaturas, funcionarios y trabajadores municipales. Y está, sobre todo, la ciudadanía, que financia al gobierno con sus contribuciones y que muchas veces resuelve por su cuenta aquello que las instituciones no alcanzan a atender.
Presentar la gestión municipal como el logro de una sola persona distorsiona la realidad institucional y fortalece una visión personalista del poder.
Por eso, durante estos días de informes, la sociedad debería mirar más allá del escenario y del aplauso. La pregunta fundamental no es cuántas obras aparecen en el video institucional ni qué tan espectacular fue el evento.
La pregunta es mucho más sencilla y, por eso mismo, más incómoda: ¿El municipio que describe el informe se parece al municipio en el que vivimos?
¿Las calles que se presumen pavimentadas son las mismas por las que caminamos? ¿El agua anunciada como resuelta llega realmente a las comunidades? ¿Los programas sociales transformaron la vida de sus beneficiarios?
Si la respuesta es sí, habrá razones para reconocerlo. Si es no, habrá preguntas que hacer y exigir respuestas en los cabildos, los medios de comunicación y los espacios de contraloría social. Porque rendir cuentas no significa presumir lo que se hizo; significa explicar con honestidad lo que se hizo, lo que no se hizo y lo que todavía falta por hacer.
En Michoacán, donde persisten profundas brechas entre las cabeceras municipales y las comunidades rurales e indígenas, la rendición de cuentas no puede reducirse a un acto protocolario. Debe ser una herramienta de control ciudadano que permita evaluar, exigir y corregir.
