El Gobierno de Michoacán detalló la ruta de la reforma procesal penal con la que pretende proteger la identidad de víctimas, denunciantes y testigos de extorsión durante prácticamente todo el proceso judicial, como una medida para reducir el temor a represalias e incentivar la denuncia.
Durante la conferencia de prensa en Casa Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que la iniciativa será presentada este martes ante el Congreso del Estado, con la intención de que sea analizada y, en su caso, respaldada para posteriormente enviarla al Congreso de la Unión, debido a que plantea modificaciones a legislación federal.
El consejero jurídico del Gobierno estatal, César Augusto Ocegueda, explicó que uno de los principales problemas detectados en el combate a la extorsión es la cifra negra, ya que, de acuerdo con los datos expuestos por la administración estatal a partir de la Envipe 2025, 97 de cada 100 casos no llegan a convertirse en una denuncia o carpeta de investigación.
Entre las causas, señaló el temor de víctimas y testigos a que los presuntos responsables conozcan su identidad y puedan tomar represalias contra ellos o sus familias, además de la desconfianza hacia las autoridades y la percepción de que denunciar implica trámites prolongados.
Actualmente, el artículo 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite reservar determinada información durante la investigación, pero esa protección tiene límites al avanzar el procedimiento. La propuesta de Michoacán busca ampliar ese periodo.
El planteamiento establece que la identidad quede protegida desde la denuncia y durante la investigación; posteriormente, al llegar a la vinculación a proceso, un juez deberá revisar y confirmar si existen condiciones que justifiquen mantener la reserva hasta el desahogo de las pruebas.
Ocegueda puntualizó que no se trataría de una protección automática ni permanente, sino de una medida excepcional, temporal y sometida a control judicial cuando exista un riesgo que la justifique. Agregó que la defensa de las personas imputadas conservaría sus derechos para controvertir, impugnar, interrogar y presentar pruebas.
La iniciativa también contempla armonizar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y las leyes generales en materia de desaparición forzada, secuestro y extorsión.
La propuesta representa una segunda etapa de la estrategia impulsada desde Michoacán contra la extorsión, después de las modificaciones promovidas previamente en la entidad y retomadas posteriormente en el ámbito nacional. Ahora, el objetivo se concentra en uno de los principales obstáculos para investigar este delito: lograr que víctimas y testigos proporcionen información sin que hacerlo implique exponer anticipadamente su identidad.
