Han pasado casi dos años ya del asesinato de María Guadalupe del Toro Morales y sus familiares siguen esperando justicia, justicia que ha sido postergada por el propio sistema judicial y su entramado legal, que parece defender más los derechos de los imputados que el de las víctimas.
Verónica, hermana de María Guadalupe, aún no halla consuelo, ni tampoco abriga expectativas en las audiencias por venir; han sido siete veces las que por resquicios legales el juez posterga las audiencias, sin que a nadie importe el gasto económico y el desgaste emocional de la familia.
Su voz y el clamo de justicia y la exigencia de pena máxima para el asesino de su hermana, no es solo por ella, sino por todas las mujeres y sus familias que esperan “justicia pronta y expedita” frente a las expresiones y manifestaciones de violencia, que en muchos casos callan la mujeres, a veces por vergüenza y otras por amor a los hijos con la esperanza de que su situación pueda cambiar.
Para María Guadalupe del Toro fueron 16 años de una relación tormentosa hasta que el 23 de diciembre de 2019 fue encontrada sin vida en la zona rural Morelia, dejando en la orfandad a dos menores y un enorme vacío en su familia para quien no hay forma de resarcir el daño, sobre todo por la crueldad en la que se cometió el crimen.
Para visibilizar los crímenes de odio y la violencia contra las mujeres, las diputadas locales Julieta Gallardo y Fanny Arreola acompañaron en rueda de prensa a Verónica del Toro Morales y exigieron al Poder Judicial celeridad en el caso de María Guadalupe en el Juicio Oral que se sigue contra el presunto responsable.
Las legisladoras anunciaron un punto de acuerdo para hacer un llamado al Consejo de la Judicatura con el fin de que se revise el papel de los jueces en los casos de feminicidios y donde han sido vulnerados los derechos de las mujeres.
Apenas, esta semana, la diputada por el Distrito de Puruándiro, Julieta Gallardo presentó ante el Pleno Legislativo una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, con la intención de que el procedimiento abreviado no sea utilizado por feminicidas para disminuir las penas que se les impongan. Se trata, dijo, de atajar que los agresores obtengan penas mínimas por el delito de feminicidio. (Consulta la nota AQUÍ)
