Cuando en la última década del siglo pasado, en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio, se abría la ruta para la exportación del aguacate michoacano, se consideró llegada una oportunidad extraordinaria, casi una bendición para la economía estatal y el desarrollo agropecuario.
Los viejos usos de los barbechos fueron reemplazados por productivos huertos aguacateros. Hubo quien llegó a decir que las exportaciones de este producto rebasarían en valor a las exportaciones petroleras, y tuvo razón. Encarrerados en el optimismo otros celebraban la posibilidad adaptativa de este árbol en climas calurosos para convertir el territorio michoacano en un mega cultivo aguacatero, sin embargo, hasta ahora esta distopía no se ha podido cumplir.
Ya en este siglo se convirtió en moda convertirse en huertero. Grandes capitales y los ahorros de pequeños empresarios y políticos buscaron, y siguen empeñados en ello, adquirir 5, 10 o 50 hectáreas para acceder a rentas generosas.
La moda se ha traducido en toda una tendencia de inversión en la entidad hasta ahora imparable. Lo capitales cruzan frenéticamente de Sinaloa a Michoacán, de Los Reyes a Salvador Escalante, de Jalisco a Tacámbaro, de Uruapan a Madero. La procedencia de los capitales ha convertido al aguacate en una verdadera Babel. Ahí confluyen los capitales bien habidos de empresarios, los ahorros de políticos notables de todos los colores y los bien lavados capitales del narco.
Sin que esté escrita, existe una política de estímulo de facto para que los capitales sigan llegando a este sector. Los gobiernos subsidian con nuestro dinero las obras de infraestructura que necesita este producto para su traslado y su seguridad y cierran los ojos ante los problemas que está originando la expansión descontrolada.
Los elevados ingresos, sin embargo, no se traducen en mejoramiento de las condiciones de vida del sector laboral del agro michoacano. De acuerdo con los datos del Coneval en la franja aguacatera la mejoría en la calidad de vida ha provenido de los programas gubernamentales no de los ingresos por su trabajo en las huertas. Es decir, de forma indirecta se subsidia con recursos públicos el trabajo generalmente mal remunerado en las huertas.
La tendencia en la tecnificación de los sistemas ha contenido el crecimiento de la contratación de la mano de obra. Por ejemplo, el uso de glifosato para inhibir el nacimiento de la cubierta vegetal requiere menos mano de obra que el chapodo con machete o con desbrozadora. El uso de este agroquímico ayuda a mejorar la renta aguacatera, aunque tenga efectos nocivos para la salud.
Si a principios del presente siglo se consideró una bendición que las tierras michoacanas fueran privilegiadamente aptas para ese cultivo en los días que corren la opinión ha cambiado de manera notable.
La carrera por ocupar los barbechos maiceros ha seguido de liso y ahora es una carrera desbocada por ocupar los bosques de pino y encino. Si en un inicio se aprovechaba el agua de que disponían las parcelas ahora se construyen a diestra y siniestra hoyas para capturar toda el agua que sea posible, incluso a costa de los pueblos y a costa de los ecosistemas que viven de ella.
Si el costo beneficio, ambiental y económico, del cultivo aguacatero era aceptable en aquellos pioneros años, en la actualidad ya no es así. El costo para la economía presente y futura no es sostenible. La pérdida de más de un millón de hectáreas de bosque en los últimos 25 años implica un costo económico monumental para la entidad. Dicha pérdida representa un severo desplome de la calidad de vida de los michoacanos cuya remediación implica con toda seguridad un costo mayor que todos los ingresos aguacateros.
La alta rentabilidad y haber dejado sin regulaciones ambientales exigentes el cultivo del aguacate propició que su crecimiento se desbordara a tal punto que frenarlo hoy parece una tarea imposible. El poder económico que se ha constituido en torno a la producción y comercialización de este fruto es tal que ha rebasado a la capacidad de contención de las instituciones ambientales que sobreviven con presupuestos raquíticos.
Los gobiernos, sin embargo, no pueden esperar hasta que sucumba la última hectárea de bosque o se agoten los mantos freáticos para actuar. El daño que este desbocamiento ha ocasionado debe ser asumido con responsabilidad y decisiones hoy de política pública.
La urgencia de establecer una certificación ambiental para productos como el aguacate que tiene una clara huella de ecocidio es impostergable. Certificación que debe aplicarse de igual manera para la producción mezcalera que ya sigue la misma ruta.
El desbocamiento debe parar o nos llevará a todos entre los pies, como ya está ocurriendo.
